Bastante preocupados y en alerta, se encuentran los trabajadores directos e indirectos de la empresa Quiborax S.A., tras conocer de la demanda que presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, argumentando daño ambiental que sus faenas extractivas han provocado al Salar de Surire, ubicado en la comuna de Putre.
Para solicitar apoyo para revertir esta medida, se reunieron con el senador José Miguel Durana (UDI), instancia en que el presidente del Sindicato de Trabajadores Quibórax, Roberto Hernández, expresó que la compañía tiene argumentos sólidos y suficientes para evitar el cese de sus operaciones, pero lo que hoy les preocupa es una medida cautelar de la demanda.
“El Consejo de Defensa está solicitando cerrar el Salar de Surire mientras se realice el juicio, desde comienzo a fin, lo cual significaría que unos 2 mil trabajadores -directos e indirectos- quedaríamos sin trabajo y al cortarse nuestro sustento, no sólo estaremos cesantes, sino que, además, con hambre afectando a unas 8 mil personas y, por ende, estamos tocando puertas urgentemente, con nuestras autoridades para pedir su apoyo”, afirmó.
Samuel Apaza, presidente del Sindicato N°3 “Mina Salar Surire” dijo que un eventual cese afectaría una cadena que va desde los trabajadores y sus familias hasta los contratistas y subcontratistas y la región en sí, “porque nuestra actividad genera una importante cantidad de mano de obra y aporte a la economía regional por lo que un cierre de la planta traería tremendas repercusiones sociales, golpeando toda la economía local”, advirtió.
Sostuvo que es fácil para el Estado dictaminar resoluciones, a cientos y miles de kilómetros de distancia, sin conocer, en terreno la realidad del funcionamiento de la empresa minera, por lo que calificó de injusta la solicitud que se está realizando por parte del Consejo de Defensa del Estado y de los distintos organismos públicos que han dado pie a esta demanda.
Alicia Gutiérrez Castro de la comunidad ancestral Surire y Caracota manifestó que la empresa no puede paralizar sus faenas, ya que son cientos de personas que viven a su alero, prestando diversos servicios. “Sólo en nuestro sector se afectarían unas 200 familias de la zona altiplánica que prestamos atención de transportes, por lo que estamos realmente consternados”.
Amando Lázaro de la comunidad de Guallatire, quien también estuvo en la reunión dijo que por años se dedica a la prestación de servicios de la minera, bajando material desde el Salar hasta la cuesta El Águila y esta demanda los tiene en estado de alerta, porque se verían perjudicados en su fuente laboral y en el ingreso económico que les permite mantener a sus familias.
El senador Durana comentó que son pocas las empresas que generan empleos permanentes y de calidad en el tiempo en la región, por lo que es preocupante la situación que afecta a los trabajadores, directos e indirectos de Quibórax y a las comunidades aymaras aledañas que viven de la actividad que desarrolla la entidad no metálica desde hace casi cuatro décadas, por lo que comprometió gestiones con los organismos pertinentes para proteger a los trabajadores y la mantención de sus fuentes laborales.