La sombra de las presuntas irregularidades en el financiamiento electoral se cierne sobre Claudio Orrego, gobernador del Gobierno Regional Metropolitano, quien ahora enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía Oriente. El inicio de este proceso judicial se desprende de un exhaustivo informe de la Contraloría que detectó posibles desviaciones de recursos públicos y malas prácticas administrativas durante su gestión, especialmente en el periodo de su campaña para la reelección.
El documento de la Contraloría señala cuatro áreas críticas: una contratación por más de $31 millones en coaching ontológico relacionado con contextos políticos, compras por más de $51 millones realizadas mediante trato directo sin respaldo documental, un contrato de $46 millones a una consultora sin evidencia de ejecución, y otro por $109 millones cuya idoneidad no fue acreditada. Estas irregularidades coinciden con el periodo en que Orrego buscaba la reelección, lo que ha generado un fuerte cuestionamiento público y político.
Frente a las acusaciones, Orrego negó cualquier uso indebido de recursos públicos para su campaña y aseguró que los fondos fueron obtenidos mediante créditos bancarios por $800 millones, debidamente rendidos ante el Servel. Además, defendió el coaching ontológico como un programa de fortalecimiento organizacional implementado desde 2021 y no vinculado a actividades electorales. El gobernador anunció que presentará un recurso de reconsideración ante la Contraloría para revisar el informe.
Este nuevo caso ha provocado que la oposición en el Consejo Regional (CORE) comience a reunir firmas para solicitar la destitución de Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). Mientras tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente ya realiza diligencias para evaluar si existen méritos para abrir una investigación penal por posibles delitos relacionados con el mal uso de fondos públicos.