Este martes y tras un extenso debate, la Sala del Senado aprobó en general y en particular la Ley Naín-Retamal, que agrava las penas por delitos contra policías y establece garantías a estos.
En una sesión maratónica que inició a las 16:00 horas y terminó cerca de las 2 de la madrugada, el pleno despachó la iniciativa con 40 votos a favor y cinco en contra, pasando así a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Tras su aprobación en general, el Senado dio paso a la discusión en particular de sus 120 indicaciones del Ejecutivo y parlamentarios.
Esto provocó una serie de interrupciones para que representantes del Gobierno negociaran y lograran acuerdos con los distintos comités.
Lo anterior causó efecto, ya que pese a que la mayoría de las indicaciones del Ejecutivo fueron rechazadas, se aprobó por unanimidad el artículo que establecía una legítima defensa privilegiada a policías, gendarmes y miembros de las FF.AA.
Legítima Defensa
La indicación que más conversación causó y que es considerada el “corazón” de la propuesta fue aprobada, luego que se lograra un acuerdo entre la protección de las fuerzas policiales y los DD.HH.
Ya que en su versión inicial, el artículo concedía una presunción del uso justificado de las armas de servicio de los uniformados.
Ante esto, el Ejecutivo presentó una modificación la que fue aceptada por amplia mayoría en el Senado.
Esta estípula que la legítima defensa regirá cuando se “repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquiera otro medio de defensa”.
“Es muy precisa que la legítima defensa en el caso de las policías se realiza exclusivamente en aquellas hipótesis de protección de la vida, su integridad o la de terceros”, señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Agregando que “en el caso de la protección de bienes la legítima defensa no es la institución procedente, sino que una causal distinta que es el correcto desempeño de la función pública asignada”.
Para lograr la aprobación de la indicación, el Gobierno cedió ante la oposición a la indicación de la responsabilidad penal de los altos mandos, la cual fue rechazada.
Así como también la inclusión en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar como quería el Gobierno.