La Contraloría General de la República emitió un instructivo que reafirma la obligación para todos los trabajadores del Estado a comparecer a las citaciones de las Comisiones Especiales Investigadores de la Cámara de Diputados y Diputadas.
El escrito echa por tierra las últimas acciones del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, quien en una oportunidad se negó en asistir a la comisión del Caso Convenios; y desistió de entregar detalles sobre sus conversaciones con el Presidente Gabriel Boric la noche en que supieron sobre la denuncia contra el exsubsecretario Manuel Monsalve.
De hecho, en medio de las críticas por el caso que salpicó a varias fundaciones, desde el gobierno defendieron la postura del sociólogo, argumentando que producto de su relación contractual bajo honorarios, Crispi no tenía la calidad de funcionario público y, por tanto, la obligación de asistir a la comisión.
Al respecto, el diputado por la bancada Radical, Tomás Lagomarsino, sostuvo que "se trata de una buena noticia para Chile, la democracia y la transparencia", porque ayuda a despejar varias dudas sobre algunas autoridades, como alcaldes y trabajadores municipales.
Por ello, conforme al documento de la entidad fiscalizadora, la exigencia rige para los funcionarios que presten servicios en los ministerios, subsecretarías, servicios públicos, gobiernos, regionales, municipios, empresas estatales, entre otros organismos del mismo orden, sin importar el tipo de contrato.
Junto con estos puntos, el instructivo de Contraloría indica que dichas personas están “obligados a suministrar antecedentes y las informaciones solicitadas sobre el ejercicio de sus labores, o bien, aspectos inherentes o relacionados con la función y el uso de recursos”.