El Colegio de Profesoras y Profesores reiteró sus reparos al proyecto Escuelas Protegidas, recientemente despachado a ley, asegurando que la iniciativa impulsada por el Gobierno tiene un carácter principalmente comunicacional y no aborda las causas profundas de la violencia que afecta a las comunidades educativas.
El presidente del gremio, Mario Aguilar, sostuvo que las medidas contempladas en la normativa apuntan a enfrentar las consecuencias del problema, pero no garantizan una solución efectiva a largo plazo.
Según el dirigente, uno de los factores centrales que requiere atención es la salud mental de estudiantes y miembros de las comunidades escolares, fenómeno que calificó como grave y que se ha profundizado en los últimos años.
Si bien la iniciativa fue despachada a ley, desde la oposición hicieron tres reservas de constitucionalidad, algo que fue desdramatizado por la ministra de Educación, María Paz Arzola.
¿Qué dicen los especialistas de esta iniciativa? Bueno, Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, manifestó que es un avance necesario.
Desde el Magisterio insistieron en que cualquier estrategia destinada a reducir la violencia escolar debe incluir políticas de fondo orientadas a prevenir sus causas, fortaleciendo el bienestar socioemocional, la convivencia y las condiciones sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes.