El 18 de octubre de 1973, la comitiva militar de Sergio Arellano Stark arribó a Antofagasta. Desde la Cárcel Pública, 14 prisioneros políticos fueron sacados y trasladados al sector de la Quebrada El Way, donde fueron fusilados la madrugada del 19 de octubre. Era el paso de la Caravana de la Muerte por el norte del país. Recién en 2023, los familiares pudieron determinar con claridad el lugar de la ejecución, ubicado al interior de los cerros de Coloso, al sur de la ciudad.
Y hoy, a casi una semana de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) decidió acoger la solicitud de declaratoria del Sitio de Memoria Quebrada El Way como Monumento Histórico, a fin de resguardar un sitio que conserva integridad, significación y evidencia directa de violaciones a los derechos humanos.
Mónica Díaz García, presidenta Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta, solicitante de esta declaratoria, agradeció la decisión de los consejeros: “Este es un acto de justicia y reparación, también pensando en nuestro futuro. Que este lugar sea un espacio de memoria y reflexión, que permita transmitir a las nuevas generaciones que hechos de esta magnitud jamás deben repetirse. Que este lugar donde se oscureció la vida de nuestros familiares sea un faro de memoria y dignidad, donde el silencio del desierto abrace para siempre la voz de nuestros familiares ”.
“Este gobierno tiene un compromiso indeclinable con la memoria, la justicia y la reparación. Hoy hemos aprobado la solicitud de declaratoria del Monumento Histórico Quebrada El Way, un lugar remoto de la región de Antofagasta que fue utilizado para cometer los más horrorosos crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, como fue la Caravana de la Muerte”, expresó la subsecretaría del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari. Y añadió, “Chile cuenta con 70 Sitios de Memoria declarados Monumento Histórico, donde 29 de ellos, es decir el 40%, han sido declarados durante este gobierno. Esto además ratifica el compromiso del Estado de asegurar que cada región del país cuente con al menos un sitio de memoria desde 2023”.
El sitio está en parte destinado al Ejército y tiene una servidumbre administrativa en favor de Minera Escondida. Y en tal sentido, se ha generado una importante coordinación estatal orientada a la protección y resignificación de un sitio de memoria. Diversos ministerios, subsecretarías y servicios han sumado esfuerzos para iniciar el resguardo este espacio y garantizar su preservación. La Subsecretaría de Derechos Humanos logró un acuerdo con Minera Escondida, que permitió detener y retirar sus faenas en la zona inmediata, junto con asegurar el compromiso de no intervenir el polígono. A su vez, el Ministerio de Bienes Nacionales trabajará con el Ministerio de Defensa en la desafectación, de modo que pueda retornar al fisco y, posteriormente, ser entregado a la agrupación para su recuperación como sitio de memoria. Paralelamente, la Seremi de Bienes Nacionales ha comprometido gestiones con el Gobierno Regional para obtener recursos que permitan señalizar y demarcar el lugar, mientras que la Subsecretaría del Patrimonio Cultural ha solicitado al Ministerio de Defensa labores de rastreo y despeje de municiones, debido al uso histórico del sector en ejercicios militares.
Desde 1974 a la fecha, el 19 de octubre ha sido un día de conmemoración en Antofagasta. Ese año se realizó una misa en la capilla San Francisco, en memoria a las personas asesinadas a petición de Isabel de la Vega, hermana de Marcos de la Vega, quien fuera alcalde de Tocopilla. De ahí hasta la fecha, se recuerda este hito con una misa en la catedral de la ciudad.
Por varias décadas, los familiares tuvieron una aproximación itinerante del lugar donde ocurrieron los hechos. Recién en 2023, después de un largo y sostenido trabajo de investigación científico cruzado con las declaraciones del expediente judicial del juez Juan Guzmán Tapia, se pudo determinar el espacio exacto donde fueron fusiladas las víctimas.
“Constituye un lugar clave para comprender las prácticas de represión y ejecución llevadas a cabo por agentes del Estado durante la dictadura civil militar (…) El lugar conserva condiciones de integridad territorial que permiten asociar directamente el espacio físico con los eventos ocurridos, representando un testimonio material del uso sistemático del terrorismo de Estado. El sitio ha sido resignificado por la comunidad local, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos como un espacio de memoria, duelo y reivindicación (…) Este uso sostenido ha transformado el lugar en una expresión colectiva de memoria, cuyas prácticas memoriales continúan hasta hoy”, son los valores reconocidos por los consejeros.