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En libertad y con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, quedó el suboficial de Carabineros, Mario Lincoyán Vera Garrido, tras ser formalizado por el delito de apremios ilegítimos contra una estudiante en el marco del denominado estallido social.

Según la carpeta investigativa del Ministerio Público, todo ocurrió mientras se desarrollaba una manifestación en Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Concepción, región del BioBío. En ese contexto, la joven penquista registraba audiovisualmente lo que estaba ocurriendo frente al "Café Colombia" y también incidentes en el sector.

La fiscalía acusa que el suboficial Vera Garrido disparó en cuatro oportunidades la escopeta antidisturbios que portaba en dirección hacia la estudiante universitaria, impactando un balín de goma en su ojo izquierdo, provocando un trauma ocular con secuelas oftalmológicas de disminución de la agudeza y alteración del campo visual junto a estrés postraumático.

El magistrado Johan León Espinoza acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, con el acuerdo de los querellantes y la defensa, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

 

 

Un carabinero será formalizado en La Serena, Región de Coquimbo, acusado de modificar la declaración entregada por un oficial de la institución, en el marco del denominado estallido social de 2019.

De acuerdo a lo consignado por BíoBío, el oficial se encuentra actualmente procesado por apremios ilegítimos, ya que habría disparado municiones antidisturbios en contra de una persona, provocándole la pérdida de la visión en el ojo izquierdo.

El Carabinero acusado en esa época prestaba servicios en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, lugar donde habría modificado la declaración de su superior. La formalización se desarrollará de manera remota.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta marzo de 2020, contabilizó 460 casos de lesiones de tipo ocular, desde el inicio del estallido. En 2021 la cifra se redujo a 173, incluyendo solo a las víctimas que presentaron querellas conjuntas con el organismo.

 

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