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Tras denunciar torturas en el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso, el Colegio Médico decidió pasar a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, al tribunal de ética del gremio.

La decisión se tomó tras la paralización de los funcionarios del hospital de Valparaíso, quienes exigieron a la ministra retractarse de la denuncia. Sin embargo, Yarza volvió a la Fiscalía, pero para aportar información con respecto al contexto en el que se realizó la visita e inspección del hospital.

Según consigna La Tercera, la ministra envió una carta al gremio en la que pide disculpas por el daño provocado a los trabajadores del hospital.

Declara que "me disculpo por el daño (que la denuncia) ha provocado a las y los trabajadores de salud del Hospital, pues esta no es ni será nunca la intención de la Ministra de Salud”.

Añadió que “al contrario, la misión que hace encabezar este ministerio, es fortalecer la salud pública para alcanzar el más alto estándar de cuidado para la población y, dentro de esto, dar las mejores condiciones posibles a las y los trabajadores de la salud, los cuales tienen todo mi respeto”.

En la carta, la ministra también señala que era su obligación "denunciar ante el Ministerio Público los antecedentes que me fueron entregados. Se denunciaron hechos y no a personas".

Mientras tanto, este miércoles el Colmed se reunió de forma extraordinaria para evaluar la situación, donde se decidió enviarla al tribunal de ética.

Cabe recordar que la ministra envió una denuncia el pasado 11 de mayo a la Fiscalía Regional de Valparaíso. En ella, acusaba que en el centro se estaban realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia, además de no ajustarse a la norma técnica pertinente.

El Estado deberá indemnizar con $15 millones de pesos al exjuez de Cabrero, Leonel Castro, quien fue torturado cuando era menor de edad durante la dictadura, por ser acusado de pertenecer al Partido Socialista. Los hechos ocurrieron entre el 21 de septiembre de 1973 y el 2 de agosto del mismo año.

Si bien, valoró la decisión del Poder Judicial, al reconocer las torturas sufridas, lamentó la discriminación que hacen los tribunales al determinar los montos de indemnización dependiendo de quiénes son las víctimas, haciendo referencia al fallo en favor de los hijos del asesinado matrimonio Luchsinger Mackay.

 

La chilena y ex agente de la DINA, Adriana Rivas, apeló al fallo judicial que autoriza su extradición a Chile desde Australia. Es acusada por la desaparición de siete personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Rivas fue secretaria de Manuel Contreras, quien fue condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. En detalle, a Rivas se le atribuye la participación en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, subsecretario del Partido Comunista en 1976.

También se le acusa de haber participado en la desaparición de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortiz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.

El capitán del Ejército José Faúndez Sepúlveda será formalizado por la fiscalía luego de los incidentes ocurridos en pleno estallido social en La Serena. Específicamente el 20 de octubre, según el Ministerio Público, Faúndez habría dado la orden de disparar situación que terminó con la muerte de Romario Veloz de 26 años.

Otro aspecto que analiza la Fiscalía es que, producto de esta orden, dos personas más también resultaron lesionadas. Ambos casos fueron catalogados como heridas de carácter grave en el recinto asistencial donde se les evaluó.

Los hechos ocurrieron pasadas las 18:00 horas del 20 de octubre del 2019 en las cercanías del Mall Plaza de La Serena. Recordemos que el capitán había sido designado como comandante de la Unidad Fundamental de Emergencia y debía velar por el orden público.

“Siendo las 18:15 horas, el imputado capitán José Faúndez, instruyó a los funcionarios del Ejército subordinados a su mando, poner el selector del fusil de guerra en ‘1’ para luego, dar la orden verbal de percusión de munición ‘fuego"”, señala parte del escrito presentado ante el Juzgado de Garantía que determinó fijar la audiencia para el próximo 28 de octubre a las 08:30 horas.

El Gobierno lamentó que Amnistía Internacional "hiciera aseveraciones sobre hechos que requieren ser actualizados y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y la Justicia", esto luego que el organismo pidiera investigar a los altos mandos de Carabineros por la "violación generalizada" de derechos humanos durante el estallido social.

Carabineros también respondió al informe de Amnistía, y aseguró que tiene una serie de imprecisiones y omisiones", ya que las denuncias contra uniformados siguen siendo investigadas. Y que ante los más de 2.800 eventos "extrema violencia", en todo momento se hicieron los mayores esfuerzos para abordar los desórdenes públicos en cumplimiento del mandato constitucional".

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó una resolución en la que se le solicita al Presidente Sebastián Piñera que llame a retiro o pida la renuncia inmediata del director general de Carabineros, Mario Rozas, "por su responsabilidad en las numerosas violaciones a los derechos humanos", como dice el texto.

Amnistía Internacional consideró que la Fiscalía Nacional debe abrir investigaciones penales contra los altos mandos de Carabineros por “violar, de forma generalizada, los derechos humanos de los manifestantes, por lo menos, durante el primer mes y medio de protestas de 2019”, según detalla el informe del organismo.

Aseguran que durante las operaciones infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigarla, dispersarla y, con ello, desarticular las manifestaciones. El costo, para restablecer el orden público, fue el daño a la integridad de las personas”.

Amnistía Internacional consideró que los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, entre otros, "se habrían evitado si los mandos estratégicos y operativos hubieran actuado con la debida diligencia en el marco de sus responsabilidades, tomando todas las medidas necesarias para prevenir violaciones del derecho a la integridad personal”.

Hasta el momento el Consejo de Defensa del Estado ha revisado 583 causas judiciales de vulneraciones a los Derechos Humanos y seleccionó más de 170 casos como homicidios, torturas y apremios ilegítimos. En cuanto a esto la presidenta del órgano, María Eugenia Manaud declaró que el organismo está trabajado en obtener los antecedentes suficientes de cada caso con “el propósito de defender el interés público”.

Además, el organismo ha ingresado tres querellas por eventual violación a los Derechos Humanos y está en camino a presentar una cuarta por el caso de Alex Núñez, hombre que –según cuenta su familia– fue golpeado por Carabineros mientras se encontraba en una manifestación pacífica.

Por otro lado, se espera que las personas afectadas por mal actuar de fuerzas policiales puedan presentar demandas indemnizatorias. En este caso, el Consejo de Defensa del Estado se dedicará a defender los recursos públicos.

Rodrigo Muñoz Cid, conocido como el carabinero que hizo la viral propuesta de matrimonio en el Terminal San Borja, fue condenado a ocho años de cárcel por torturas.

Muñoz Cid se encontraba en el grupo al mando de Francisco Arzola Ruiz, conocido como "El Paco Nazi", que fue condenado a 22 años por torturas y apremios ilegítimos contra vendedores ambulantes en la Alameda.

Según relatan algunas de las víctimas, Muñoz Cid habría participado activamente en las torturas. Una mujer asegura que el uniformado la insultó, golpeó y le sacó a tirones un mechón de pelo, además de agredir a una pareja de ambulantes que presenciaron la situación.