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La pandemia de coronavirus no ha tenido solo repercusiones sanitarias, sino también en el sistema judicial. De esta forma, se ha extendido la investigación de varios casos, sobre todo los derivados del estallido social como las violaciones a los derechos humanos, que hasta el 31 de enero contabilizaban  5.558 víctimas de violencia policial y los casos relacionados con patrimonio e infraestructura pública.

Entre estos se encuentran la muerte de Alex Núñez, quien fue golpeado por carabineros el 20 de octubre en Maipú; el caso de Fabiola Campillay, quien perdió el ojo izquierdo tras recibir una bomba lacrimógena por parte de carabineros en San Bernardo y el caso de Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos luego de ser impactado por balines de escopetas antidisturbios manipuladas por funcionarios de la institución.

Ante esto, el jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Sur, Christian Toledo, señaló que “las investigaciones siguen avanzando, pero debido a la contingencia sanitaria los plazos se van a alargar”.  Por ahora, el caso más mediático en el que trabaja la fiscalía, es en la presunta responsabilidad de la seremi de salud de la Araucanía, por haber tenido contacto con un contagiado de COVID-19, no hacer la cuarentena voluntaria y presuntamente contagiar a decenas de personas, muchos de ellos autoridades.

El pasado lunes se creó el Comité Operativo de Emergencia del Sistema de Justicia Penal, que busca fomentar el uso de las tecnologías de la información y sistemas de videoconferencias para realizar audiencias que sean necesarias. De esta manera se le va a dar prioridad a las que sean urgentes e impostergables. A esto último se refirió el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

De esta manera, se espera que aquellas audiencias se puedan realizar a través de un sistema de videoconferencia, el cual no requiere que los intervenientes estén presentes físicamente, esto  con el fin del proteger a los trabajadores en el contexto de la propagación del COVID-19. De hecho, Valenzuela señaló que en gendarmería ya están ubicados todos los puntos de red para implementar este sistema en todas las cárceles del país.

En cuanto a los imputados, el subsecretario de la Justicia destacó que se desplegó un plan de contingencia en Gendarmería de Chile que consiste en la restricción de las visitas a las unidades penales y la implementación de un control sanitario que se aplica a todas aquellas personas que ingresan a estos lugares. Además, las cárceles van a contar con sistemas de aislamiento ante los casos sospechosos de coronavirus.