De acuerdo a lo publicado por Ciper, las 80 cajas con osamentas no identificadas están en posesión del Servicio Médico Legal (SML) desde 2019. Sin embargo, muy poco se ha avanzado en el proceso de identificación de estos restos, que pertenecerían a víctimas de la dictadura.
Fue recién hace unos días en que estos restos se volvieron de conocimiento público cuando el ministerio de Justicia lo reveló en un comunicado, tras una reunión con la ministra en visita, Paola Plaza y otros funcionarios de gobierno:
"Se informó la existencia de 89 cajas de osamentas en custodia del Servicio Médico Legal. Le fueron traspasadas desde el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile en 2019, las cuales podrían eventualmente corresponder a alguna víctima de desaparición forzada".
Originalmente, las cajas eran 89 y fueron entregadas por el juez Juan Guzmán Tapia en 2001 al Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, a cargo del entonces directo Luis Ciocca.
Según sus declaraciones, Ciocca entregó varias de estas cajas a los ministros en visita de las causas de detenidos desaparecidos que hubo a lo largo del tiempo cuando estos las solicitaron. De ahí que el número se redujera a 80.
Permanecieron allí hasta que en 2014 hubo una inundación en el subterráneo de la Facultad de Medicina. Aquello produjo que se contaminasen con hongos y por esta razón tomó entre 3 y 4 años el proceso de limpieza.
Una vez concluyó, finalmente el SML pudo hacerse cargo de ellas.
¿Por qué no se han periciado?
Las osamentas, que corresponderían a 300 personas, continúan sin periciar a pesar de que llevan en manos del SML desde 2019. A raíz de esto, la ministra en visita Paola Plaza mandó un oficio a la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. En él solicitaba recursos para las operaciones:
"La contratación transitoria de un equipo externo con dedicación exclusiva de dos antropólogos, dos arqueólogos, un bioquímico y un informático, para que actúen en conjunto y bajo la supervisión estrecha del equipo de trabajo de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal en el proceso de identificación forense".
No obstante, a día de hoy esto todavía no se ha realizado.
Es así porque hay en curso una auditoría al SML que la propia exministra Ríos ordenó debido a los retrasos del organismo en esta materia.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha pedido que se investiguen estos hechos, los que han calificado como una situación gravísima: "Es una situación gravísima que debe ser investigada y que se encuentren las responsabilidades. Esto es parte de una política de impunidad que ha tenido el Estado durante todos estos años. Tiene que haber responsabilidades políticas por esta nueva negligencia".
