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La acusación se hizo en Contraloría por el Comité de Agua Rural San Ignacio de la costa de Valdivia por subdivisiones prediales realizadas en el sector y por lo que se afirma, no cumplirían ninguna normativa.

La acción busca esclarecer el rol del Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad de Valdivia en las subdivisiones prediales que se han realizado en la comuna para proyectos inmobiliarios.

Vladimir Riesco, abogado representante del comité mencionado, ya presentó la acción a título personal, afirmando que “la normativa y organismos judiciales indican que, para hacer subdivisiones para los fines mencionados en sectores rurales, debe haber un cambio de uso de suelo”.

Frente a estas acciones legales, no se descarta que otras organizaciones del mismo tipo se sumen a las denuncias, además de que se espera, respecto a la Municipalidad de Valdivia, un pronunciamiento sobre la legalidad de los permisos de edificación otorgados.