Señal en vivo

0:00
/

Tras concretarse el primer ajuste ministerial del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, esta semana, debutará el nuevo Comité Político de La Moneda.

Esta vez, el núcleo más cercano al mandatario quedó conformado por la ministra del Interior, Carolina Tohá; el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, y la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte. A ellos se suma la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la nueva integrante del Comité Político, Jeannette Jara, ministra de Trabajo.

El primer encuentro se realizó a altas horas de la noche de este martes, luego de que el jefe de Estado se reuniera con los partidos políticos para preparar el trabajo hacia un nuevo proceso constituyente.

Ya en las primeras horas de este miércoles, la nueva secretaria de Estado de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, adelantó que tras saludar a ambas cámaras en el Congreso, se realizarán “reuniones en la tarde”. Además, mencionó que ya se encuentra “trabajando, derechamente, con la el Senado y la Cámara de Diputados”.

La ministra del Interior, Izkia Siches, comunicó los avances del Plan Menos Armas Más Seguridad, que contempla 37 medidas para tener comunidades más seguras y recuperar los barrios.

La jefa de gabinete comentó que la mayoría de estas medidas ya están ejecutoriadas y recordó las faltantes.

“La reforma a la Ley de armas, tiene una serie de medidas, en donde cambia la lógica de que toda persona pueda tener un arma de fuego, si no ahora, para características excepcionales”.

Además, la ministra Siches explicó los alcances del Plan de Fiscalización, comenzó a regir este jueves “con criterios de riesgo, con controles en las distintas armerías y también con el refuerzo interno que estamos haciendo en las distintas instituciones”.

No podemos tolerar que se pierdan armas de fuego estatales, ni de Carabineros, ni de la Policía de Investigaciones, ni de las Fuerzas Armadas, y para eso, cada una de las instituciones ha reforzado los niveles de controles institucionales”, advirtió la jefa del gabinete.

En la oportunidad, la ministra del Interior resaltó la creación de la Unidad de Control de Armas, la regulación en torno a las personas fallecidas para incautar las que tuvieron a su nombre; el convenio que comparte las bases de datos entre Carabineros y la PDI y la capacitación de aduanas para detectar el ingreso de armas y municiones al país.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en representación del Gobierno, condenó los hechos de violencia y ataques incendiarios y armados que ocurrieron durante este lunes, en Contulmo, en la región del Biobío.

La autoridad lo calificó “como un acto criminal cobarde. Evidentemente el Gobierno, como lo ha dicho y lo reitera hoy día, repudia el hecho de la violencia como herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar las diferencias y las demandas”.

No puede haber impunidad, no se puede permitir”, agregó Monsalve. “No hay nada que justifique el uso de armas de fuego, no hay nada que justifique incendiar instalaciones, ni hay nada que justifique disparar a personas que no están armadas, colocar en riesgo su vida y afectar la seguridad de las personas de la comuna, provincia y país”.

¿Qué pasó en Contulmo?

Pasadas las 18:40 horas de este lunes, un grupo de encapuchados efectuaron disparos e incendiaron el emblemático molino Grollmus, una casa patronal y un pequeño inmueble. Esto ubicado en la ruta que une Cañete con Contulmo, en la región del Biobío.

El ataque dejó a tres hombres heridos por arma de fuego, los que actualmente se encuentran estables. Sin embargo, uno de ellos, el dueño del molino, Carlos Grollmus Thiele, de 79 años, debió ser sometido a una operación para amputar su pierna herida por el impacto balístico.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, se refirió al incendio registrado en la faena forestal del fundo San Marcos, ubicado en Paredones, en la Región de O’Higgins, que destruyó dos máquinas forestales y un vehículo.

Sin embargo, las autoridades, aseguraron que todavía no es posible determinar si el ataque esté vinculado a grupos que operan en la macrozona sur.

“Es un hecho de máxima relevancia para nuestro Ministerio, obviamente nos parece muy necesario recabar toda la información antes de realizar una aproximación, porque podemos tener una relación directa, como la utilización de algunos de estos móviles para ello”, dijo la jefa de gabinete.

Carabineros informó que se trató de cuatro sujetos que ingresaron al fundo en Paredones, en horas de la noche, los que, posteriormente, se dieron a la fuga.

Queremos agotar la investigación antes de poder comunicar a la opinión pública, pero ya están los equipos tanto del Ministerio Público como la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile trabajando en la zona”.

“Esperamos, tal como lo planteamos el primer día como Gobierno, que estos hechos no se repitan en ningún otro territorio de nuestro país, muy por el contrario, empiecen a disminuir en Chile”, finalizó.

La vicepresidenta de la República, Izkia Siches, aseguró que el Gobierno no descarta la implementación del Estado de Excepción en la macrozona norte para continuar con el combate del narcotráfico y la crisis migratoria.

“Es importante que nos concentremos en cuáles son los objetivos. Creo que podemos estar de acuerdo en que necesitamos desmantelar las bandas organizadas en el norte, poder mostrar la potencia del Estado, hacer medidas preventivas y en eso hemos estado trabajando”, dijo Siches.

A diferencia de sus dichos en la macrozona norte, la vicepresidenta aseguró que “no descartamos ninguno de los instrumentos. Pero siempre buscando objetivos y resultados explícitos, más allá de la presión y tensión que existe en la región y que entendemos”.

A su vez, comentó, “esperamos poder analizar más medidas que nos permitan darle tranquilidad a la ciudadanía, particularmente de las regiones más afectadas”.

Modificación a Ley de Migraciones

La vicepresidenta, Izkia Siches, a su vez, se refirió al proyecto de ley que modifica la Ley de Migraciones, que busca agilizar los procesos de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en suelo nacional o haya ingresado de forma ilegal.

“En relación al proyecto de ley nos hemos comprometido a ingresarlo en agosto, estamos afinando, ya hay un primer borrador que ya está listo”.

“Hay que hacer todos los procesos de revisión, pero nos parece muy importante y esperamos el apoyo transversal de todos los parlamentarios, porque es en la implementación de la ley que nos hemos dado cuenta de que el proceso de notificación presencial por parte de la PDI es muy burocrático, requiere una gran cantidad de personal y esta simplificación nos parece muy útil para el procedimiento”, finalizó.

La ministra del Interior, Izkia Siches, se reunió en La Moneda junto a su par de Defensa, Maya Fernández, y jefes de las Fuerzas Armadas, para desarrollar una nueva reunión de evaluación del Estado de Excepción en la macrozona sur, a solo días de votar la prórroga de la medida.

En la instancia, las autoridades informaron “reducciones importantes” en las cifras de hechos violentos registrados en junio y julio. “De 158 bajamos a 87 eventos de violencia, y en julio de 207 bajamos a menos 68”, dijo la ministra Siches.

Pese a la valoración de las cifras, la jefa de gabinete llamó a la calma, “sin duda no podemos bajar los brazos, es por eso que nos parece importante mantener todas las acciones de control preventivas, los copamientos y los puntos de control para evitar que estos hechos de violencia aumenten”.

Según las autoridades, las comunas que más hechos de violencia han reportado son Arauco, Tirúa, Ercilla y Victoria. Esto motivó a poner el foco de las “próximas acciones”.

La ministra del Interior, Izkia Siches, junto al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, de Prevención del Delito, presentaron una serie de indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Entre los puntos que más destacan, está la aceleración de la tramitación en el Congreso, apuntando al control y coordinación de las policías, la creación de 16 secretarías regionales ministeriales (Seremis) y dos subsecretarías nuevas.

“Una de Prevención del Delito, tal como existe en la actualidad, y una de Seguridad Pública, que, además, va a estar a cargo de las fuerzas de orden y seguridad”, detalló la ministra.

A su vez, informó que el objetivo es “por una parte, tener una mayor potestad sobre las policías. Tener una institucionalidad mucho más robusta, perspectiva de género, como también la necesaria orientación en materia de Derechos Humanos y, obviamente, el refuerzo del aparataje del Estado”.

Sobre ello, detalló que “este proyecto va a permitir avanzar en un diagnóstico y manejo, de mejor manera, por parte de los distintos gobiernos de turno. De las capacidades que tenemos como Estado para enfrentar los distintos delitos, y cómo estos se van modificando continuamente”. 

El proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, es una moción creada en el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, anunciado en marzo del 2021.

La Corte de Apelaciones de Temuco, determinó que el Ministerio del Interior será excluido como querellante en el denominado “Caso Huracán”.

Resolución que se da luego de que la División Jurídica de la cartera, cometiera algunos errores determinantes que terminaron por declarar inadmisible el recurso presentado el pasado 13 de mayo.

“El caso Huracán es una investigación seria y grave contra funcionarios civiles y policiales por malversación de documentos públicos e imputaciones de comuneros mapuches de pruebas falsas. Esto es gravísimo”, dijo el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Además, aseguró que “la instrucción, desde presidencia, es que el Estado tiene que agotar todas las instancias para perseguir estos delitos. En ese sentido, entiendo de que está la apelación”.

“Entiendo que fue anterior, que es algo que venía de hace un tiempo y que van a tener que asumir responsabilidades, sin lugar a dudas. Porque la persecución de estos delitos pone en tela de juicio la legitimidad de la persecución y nosotros necesitamos tener instituciones que estén legitimadas ante la ciudadanía para combatir el crimen y el delito”.

Recordemos que el “Caso Huracán” comenzó en septiembre del 2017 y generó grandes críticas a la institución de Carabineros, quienes manipularon pruebas que incriminaban a los uniformados detenidos en un operativo que dejó a ocho comuneros mapuches asociados a la Coordinadora Arauco –Malleco (CAM) aprehendidos.

Autoridades exponen ante la Comisión Bicameral de Seguridad Pública, sobre el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito 2022 – 2026.

La Ministra del Interior, Izkia Siches, fue enfática en señalar que la participación de los parlamentarios de todos los sectores es clave para la implementación.

“Esperamos tener un diálogo cercano con el parlamento, porque entendemos que estos desafíos son los que más le preocupan a las personas, pero también de que no se puede hacer solo desde el Ejecutivo. Tampoco desde una mirada parcial, sino que, sin duda transversal, incorporando las miradas y visiones que tienen los distintos parlamentarios”.

Recordemos que el pasado 30 de junio, en su gira por Arica, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció 33 medidas enfocadas en la prevención del delito, la persecución del crimen organizado y el control de armas. Con foco principal en el acompañamiento de víctimas de delitos y recuperación de espacios públicos.

Sigue la transmisión de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública del Senado, aquí.

Durante esta jornada, distintas autoridades se reunieron en La Moneda para evaluar los avances en materia de seguridad pública en el marco de la tercera sesión del Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado.

En la instancia se analizó un plan estratégico que cuenta con al menos cinco medidas. La ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que se busca “el fortalecimiento institucional; avances en materia legislativa; avances en torno a poder reducir la brecha tecnológica para enfrentar el crimen organizado. También dos coordinaciones: la interinstitucional y la internacional”.

Por su parte, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, comentó que “la seguridad pública, es una prioridad en nuestro Gobierno”, agregando que se encuentran trabajando con las instituciones que “por ley tienen mandato para fiscalizar, controlar o perseguir el crimen organizado”.

“Por ejemplo, en materia legislativa, hay un proyecto que permite perseguir de manera más severa el crimen organizado. Hemos acordado trabajar en una glosa presupuestaria que nos permita fortalecer las capacidades de las instituciones que forman parte de este Consejo Asesor”.

Entre las principales instituciones abordadas en la tercera sesión del Consejo se encuentran las Aduanas, DIRECTEMAR y la Unidad de Análisis Financiero.

La jefa de gabinete, al ser consultada sobre la solicitud de Senadores de Chile Vamos al Ministerio Público para que se indaguen los nexos de una aeronave que pasó 25 días retenida en Argentina tras acusarse de tener lazos con “terrorismo internacional” y que ahora estaría en Chile.

“Tanto la ANI como la PDI han hecho los respectivos informes y han sido entregados al Ministerio del Interior, analizados con nuestro subsecretario. A la fecha, no han existido antecedentes que nos hayan llamado la atención”, enfatizó Siches.

Un positivo balance sobre el Estado de Excepción Constitucional Acotado en la macrozona sur realizaron autoridades de Gobierno, oficializando que solicitarán una segunda prórroga de la medida.

A su vez, se informó de una reducción del 85% en la quema de camiones; un 65% menos en ataques de vehículos y una disminución del 57% en el uso de armas de fuego.

La Ministra del Interior, Izkia Siches, adelantó que “en conjunto, hemos resuelto recomendarle al Presidente de la República, volver a prorrogar el Estado de Excepción en la zona”.

“Por lo mismo, esperamos, el próximo miércoles 29 de junio, estar en el parlamento dando cuenta de los detalles de estas cifras y la necesidad, desde el punto de vista técnico, en materia de seguridad de seguir contando con esta medida complementaria en la zona”.

En la misma línea, se informó la realización de 20 mil controles y la detención de 47 personas. Además de la reducción de hechos de violencia, concentrados principalmente en 4 comunas de la zona.

Por su parte, la Jefa de Gabinete, aseguró que ya están planificando una visita a la macrozona sur, sin embargo, no se confirmó ni descartó la participación del Presidente Boric en la instancia.

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, encabezó un comité policial de evaluación de la macrozona sur. Esto, luego que el Gobierno anunciara que solicitarán al Congreso la prórroga del Estado de Excepción que se mantendrá "acotado".

“El estado de excepción y la resolución que dictó el Gobierno, contempla todas las facultades que las fuerzas armadas y las fuerzas policiales tienen”, comentó agregando que “En el caso del decreto, hemos colocado un foco, que es lograr, mantener y mejorar, la seguridad en las rutas. Esto vuelve al origen del Estado de Excepción, fue un acuerdo con los diferentes sectores productivos, como trabajadores forestales, camioneros”.

Respecto al recurso que se mantendrá como acotado, Monsalve explicó “Hasta ahora, si se analizan los resultados en materia de maquinarias, vehículos e inmuebles destruidos por ataques o atentados, evidentemente ha habido una disminución significativa. Consideramos que la forma en que se está implementando la medida, es una forma correcta”.

“Uno de los objetivos del estado de excepción es disminuir de manera significativa hechos de esta naturaleza, lamentablemente no los anula, ni este estado de excepción, ni ninguno que ha ocurrido anteriormente, ni en este Gobierno, ni en el anterior. Los disminuyen, pero no se eliminan por completo”, afirmó.

“No vamos a tener ningún sesgo en utilizar todas las herramientas que da el Estado de Derecho, para garantizar la seguridad de las personas. No estamos disponibles a entregar facilidad para que las personas sean agredidas o, eventualmente, asesinadas como ha ocurrido en esta región”.

“Uno de los objetivos del estado de excepción es disminuir de manera significativa hechos de esta naturaleza. Lamentablemente, no los anula, ni este estado de excepción, ni ninguno que ha ocurrido anteriormente ni en este Gobierno ni en el anterior. Los disminuyen, pero no se eliminan por completo”.

Un proyecto de