A partir de este viernes 15 de abril, ninguna localidad del país se encuentra bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, luego de que el Ejecutivo no solicitara la renovación en la macrozona norte.

Sin embargo, según informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la zona se mantendrá vigente el decreto 265, “que permite mantener a todo el personal policial, pero también a todo el personal de las Fuerzas Armadas y a todo el equipamiento de apoyo para el control de las fronteras”, comentó.

De esta forma, el Gobierno busca continuar con el resguardo de los pasos fronterizos y de la localidad, para controlar el ingreso irregular de migrantes a través del norte del país, mediante un plan especial de control y mayor seguridad de las rutas.

“Hemos pedido particularmente a la Policía de Investigaciones, tomar acciones respecto a la lucha contra el crimen organizado en la macrozona norte. La PDI tiene una brigada, justamente, para abordar esta característica que no tiene límite regional”, finalizó el subsecretario.

Hoy finaliza el plazo legal para terminar la investigación sumaria solicitada por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, en donde se busca dar con los responsables de la entrega de información errónea a la Ministra del Interior, Izkia Siches,  en el caso del vuelo de migraciones. Aunque este proceso, podría extenderse por al menos 2 semanas más.

Los dichos de la secretaria de estado generaron una de las primeras crisis del Gobierno, sin embargo, los detalles se habrían revelado dentro del proceso de traspaso de mando, el pasado 25 de marzo, cuando la directora subrogante de  la institución, Carmen Gloria Daneri, habría sido la responsable de entregar esta “información errónea”.

Según indica la Ley de Estatuto Administrativo, “el procedimiento será fundamentalmente verbal y de lo actuado se levantará un acta general que firmarán los que hayan declarado, sin perjuicio de agregar los documentos probatorios que correspondan, no pudiendo exceder la investigación el plazo de cinco días”

En la investigación se designó al director de operaciones del Servicio Nacional de Migraciones, Nelson Vergara, funcionario que lleva más de 14 años en la jefatura de atención al público y encargado de oficina. Mientras que la principal aludida, Carmen Gloria Daneri, lleva más de 20 años en el SNM.

28 paquetes de pañales para recién nacidos y bebés fueron entregados por la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Arica y Parinacota, para las unidades de neonatología, pediatría y maternidad del Hospital Dr. Juan Noé, con el objetivo de apoyar a las madres migrantes en situación de vulnerabilidad.

En medio de la entrega de estos insumos, la doctora Bernardita Coublé comentó que "representa un apoyo tremendo para el hospital poder entregarlos de manera directa a los pacientes". Estos porque según manifestó, los precios de los pañales desechables son muy elevados, por lo que muchas veces no pueden ser costeados por familias migrantes.

La entrega fue hecha por parte de Natalia Ahumada, coordinadora de la niñez, junto a la Seremi Macarena Vargas comentó que "tomó la decisión también de considerar al hospital dada la población significativa de niños migrantes en sus unidades de atención".

Este sábado 12 de febrero comenzó a regir la nueva Ley de Migraciones, una de las medidas "más importantes" según el actual Gobierno. Dentro de la norma se encuentra la "reconducción" de migrantes, la que se aplica "cuando intentan entrar al país, se devuelvan al país de donde estaban", según el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

En este contexto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció a Canal 13 que "cerca de 40 venezolanos que habían cruzado la frontera, han sido reconducidos con acta y con entrega a las autoridades bolivianas y esperamos seguir haciéndolo", y agregó que "en menos de 24 horas ya hay resultados concretos en la frontera".

En la conversación con el medio, Delgado se refirió a los cortes de calle y bloqueos que se siguen viviendo en rutas del país, a lo que aseveró que "nosotros estamos cumpliendo en tiempo y en forma en los plazos que hemos definido y lo mismo exigimos del otro lado".

Durante la jornada de ayer viernes 4 de febrero, las autoridades chilenas y bolivianos tuvieron la primera reunión para analizar la crisis migratoria principalmente en temas fronterizos.

En la cita estuvo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, de forma online, el subsecretario de cartera, Juan Francisco Galli, también los acompañó el canciller subrogante Rodrigo Yáñez y la futura subsecretaria de Relaciones Exteriores Ximena Fuentes. En cuanto a las autoridades de Bolivia se presentaron a la cita el ministro de Gobierno, Eduardo Del Catillo, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, la viceministra de gestión Institucional, Eva Chuquimia y la directora de Migraciones Katherine Calderón.

Luego de la reunión ambos gobiernos informaron que se iniciarán tres mesas de trabajo binacionales durante los próximos ideas y que estarán enfocados en abordar el contrabando y comercio ilegal, temas migratorios, tratas de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Gobierno retiró de la Controlaría General de la República el reglamento de la nueva Ley de Migraciones. Recordemos que en los últimos días han presentado manifestaciones debido a la crisis migratoria en el norte.

Esta iniciativa fue tramitada durante varios años en el Congreso, ya que la oposición calificó el proyecto de ley como "discriminatoria" para los migrantes. El ejecutivo esperaba aplicar esta ley antes del cambio de mando, es decir, antes del 11 de marzo.

De los 190 artículos, nueve presentaban observaciones de fondo, algunos con problemas graves, es por esto que finalmente se decidió retirar el documento para poder revisarlo de mejor forma, ya que, estaba listo para declararse ilegal.

Frente a las crisis migratoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores comentó que a las medidas que se tomarán para controlar la situación. Y anunciaron "La celebración de una mesa de trabajo en las próximas horas entre los ministros de Interior y Seguridad Pública de Chile y el ministro de Gobierno de Bolivia, junto a sus respectivos Ministerios de RR.EE".

Aseguraron además que se ha "desarrollado un conjunto de acciones, tanto con organismos internacionales como con países donantes de cooperación internacional, a fin de facilitar la entrega de ayuda humanitaria en las ciudades de Arica, Iquique y Colchane".

Algunas de las acciones será, la gestión de 3,5 millones de dólares para establecer residencias transitorias para migrantes en Colchane e Iquique, la implementación del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes Venezolanos (RMRP), diálogo contre el Gobierno de Chile con el Sistema de Naciones Unidas.

Desde cancillería comentaron que "la importancia de la cooperación bilateral y multilateral para adoptar medidas y acciones que contribuyan a mitigar la compleja situación humanitaria, sanitaria y migratoria que afecta a la Macro Zona Norte de Chile".

Ante las protestas contra la entrada irregular de migrantes y el aumento de violencia que se ha vivido en Iquique, sumado al paro de camioneros en Arica, desde la ONU demostraron preocupación con respecto a lo que se está viviendo en la macrozona norte de Chile.

El representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, demostró su "profunda preocupación" con respecto a los "actos de violencia que van en menoscabo de los derechos humanos y deben condenarse categóricamente", expresó.

Esta semana se registraron nuevas manifestaciones en la región de Tarapacá, durante el lunes funcionarios de servicios y comercios realizaron una paralización, se registraron cortes de carretera donde incluso el aeropuerto Diego Aracena debió interrumpir sus operaciones debido al paro vivido en la zona.

Además, Stein hizo un llamado a los migrantes de Venezuela a “respetar las leyes y reglamentos de los países en que se encuentran”, pues aunque son “hechos aislados -que no representan a la comunidad- no deben ser utilizados para incitar a la discriminación ni a la violencia”.

En Chile viven alrededor de 1,4 millones de inmigrantes, equivalente al 7% de la población país y dentro de los más numerosos se encuentran los venezolanos en primer lugar, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos respectivamente.

La Organización de las Naciones Unidas manifestó profunda preocupación por los hechos ocurridos en contra de la comunidad migrante de venezolanos ocurridos durante los últimos días en la macrozona norte del país.

La ONU además, condenó categóricamente los ataques apelando a que “ninguna persona merece ser discriminada”. Por su parte, el enviado especial para la crisis migratoria venezolana del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, Eduardo Stein, advirtió que “estos actos de violencia van en menoscabo de los Derechos Humanos”.

Además, solicitó que estos acontecimientos no vuelvan a repetirse y emplazó a los líderes de opinión y autoridades a promover el respeto por la diversidad.

El boletín de empleo migrante realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas reveló que se alcanzaron los 1.047.870 empleos desempeñados por extranjeros, de los que 284.888 trabajan en condiciones informales.

En el informa también se señala que en el trimestre móvil de septiembre-noviembre la desocupación extranjera alcanzó un 6,4%, lo que se traduce en un descenso de 3,5 puntos en 12 meses.

Según información entregada por El Mercurio, la Dirección del Trabajo (DT) reveló que el 11,8% de las denuncias presentadas por vulneración laboral fueron realizadas por extranjeros, mientras que el 88,2% restante fue realizada por chilenos.

Estas denuncias corresponden a sectores como el comercio, alojamiento e industria manufacturera, quienes concentran el 58% de las acusaciones, las que han sido denunciadas por jornada de trabajo (22,3%), impedimentos para la fiscalización de inspectores del Trabajo (18,5%), higiene y seguridad (16,2%).

Estas denuncias, en su mayoría, corresponden a infracciones por jornada de trabajo (22,3 por ciento), dificultades o impedimentos para la fiscalización de inspectores del Trabajo (18,5 por ciento), e higiene y seguridad (16,2 por ciento), siendo el comercio, alojamiento e industria manufacturera los sectores económicos que concentran el 58 por ciento de las materias sancionadas.

El presidente electo Gabriel Boric, se refirió a los intercambios de dichos entre su futura Ministra de Interior, Izkia Siches y el actual secretario de estado, Rodrigo Delgado, por la situación migratoria en la macrozona norte del país.

El futuro mandatario aseguró que a los iquiqueños “los tenemos muy presentes” pero escuetamente aseguró que “nosotros no tenemos las facultades”, haciendo alusión a que sus labores comienzan a partir del 11 de marzo de este 2022.

Desencuentros entre el Gobierno saliente y el entrante, provocado principalmente por la crisis migratoria que ha marcado el norte del país y que ha desencadenado un sinfín de protestas, manifestaciones, alteraciones al orden público, entre otros.

De igual forma, el futuro mandatario aseguró que será la próxima encargada del Interior quien comunicará más información sobre la situación.

Una radiografía sobre el voto de extranjeros residentes en el país, demostró que los migrantes, prefirieron en la primera vuelta la candidatura de Franco Parisi, el representante del Partido de la Gente, liderando con una amplia mayoría por sobre los electos para la segunda vuelta en la que se enfrentarán José Antonio Kast y Gabriel Boric.

Pero ¿Por qué los migrantes dieron su voto al candidato Franco Parisi? El Investigador y académico de la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, nos explica:

Entre las propuestas de gobierno de Kast, propone finalizar con la migración ilegal, establecer un mayor control fronterizo tanto en pasos habilitados como en no habilitados, además de construir una barrera para impedir el paso de extranjeros irregulares.
Mientras que Boric, plantea velar por la implementación del Servicio Nacional de Migraciones en las regiones, con abogados capacitados en el área jurídica, de igual forma, busca regularizar a aquellos que hayan ingresado al país por pasos no habilitados, para hacer revisión de cada caso para otorgar residencias o expulsiones.
En el país, son cerca de 450 mil extranjeros los habilitados para sufragar este próximo 19 de diciembre.