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Tras el anuncio de que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado, en contra de los camioneros que bloqueen las principales rutas del país, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que preparan 27 querellas en total.

Sin embargo, detalló en que ya se presentaron 13 de las 27 querellas, en los tribunales de Arica a Valparaíso, bajo la Ley de Seguridad del Estado. Incluso, comentó que algunas son dirigidas hacia personas específicas.

“Presentamos ya 13 querellas desde Arica a Valparaíso invocando la Ley de Seguridad del Estado, artículo 6. Carabineros tienen la orden de despejar las pistas del país”, dijo Monsalve.

El secretario de Estado, se refirió a la propuesta del Gobierno que ofreció ante las demandas de los camioneros movilizados. Situación que fue desestimada por los gremios.

“Las medidas que el gobierno ha comprometido, los US$ 1.500 millones para el Mepco y el costo fiscal que implica congelar el precio del diésel, no es gratis. Lo pagan todos los chilenos que pagan impuestos. No podemos, a partir de los recursos de todos los chilenos, resolver los problemas de grupos específicos”.

La propuesta presentada por el Ejecutivo contempla el congelamiento del precio del diesel y la instalación de lugares de descanso con mejores niveles de seguridad. Además, del aumento de los recursos para el Mepco.

“Creemos que el país ha entregado una respuesta al problema que se ha planteado y no tiene fundamento, no tiene justificación, en el contexto que vive el país, hacer exigencias que, cuando pasan este límite, se transforman en un abuso”.

Luego de concretarse la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, se dieron a conocer más detalles de la investigación. Esto será ampliado en las próximas horas, cuando se concrete su formalización, que está programada para las 10:00 horas de este jueves.

Según consigna La Tercera, Llaitul, estaría vinculado con el robo de 90 millones de pesos en madera. Además, se le atribuyen amenazas a la autoridad, usurpación de tierras y llamamientos a la desestabilización del Gobierno.

En este último cargo, se le invoca la Ley de Seguridad del Estado, ingresada por el expresidente Sebastián Piñera, en 2020 y ampliada por la actual Ministerio del Interior.

La defensa del líder de la CAM

En las últimas horas, se dio a conocer que Héctor Llaitul, no accedió a tener un abogado de la Defensoría Penal Pública. Sus motivos apuntan a que contaba con su propio representante legal, Rodrigo Román.

El abogado penalista y miembro de la Defensoría Popular, ya habría trabajado con el acusado en el pasado. Sin ir más lejos, sucedió cuando aseguró que su defendido, el líder de la CAM, estuvo involucrado en el caso “Operación Huracán”.

A su curriculum se suman casos emblemáticos como el “caso Panguipulli”, en febrero del 2021, cuando representó a la familia de Francisco Martínez. También fue defensor de uno de los imputados del “caso Luchsinger Mackay”, en 2017. A su vez, defendió al werkén Daniel Meliano, quien fue acusado por la muerte del Carabinero, Hugo Albornoz, en el año 2013.

La Ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, se refirió a los últimos sucesos acontecidos en la macrozona sur y sobre la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado en una querella contra quienes resulten responsables.

“Como Gobierno, queremos reiterar el absoluto repudio frente a los hechos de violencia que hemos sido testigos en La Araucanía”, indicó la ministra.

Además, la jefa de gabinete, le encomendó al subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, viajar a Temuco, para acompañar a la familia del trabajador asesinado.

A su vez, se reunirá con Carabineros y la Policía de Investigaciones para acelerar las diligencias investigativas.

Sobre la ampliación del Estado de Excepción Acotado, la ministra aseguró que esta medida “es un instrumento que está en la Constitución y que nosotros lo hemos desplegado de la manera que nos parece más táctica y estratégica”.

Enfatizando en que esto "no va a resolver el problema de fondo" y que el combate en contra de bandas y del crimen organizado, "no se ataca llevando o exponiendo ni a Carabineros, ni a las Fuerzas Armadas".

El Gobierno, además, se encuentra evaluando la posibilidad de invocar la Ley de Seguridad del Estado contra todas las personas que resulten responsables de los ataques registrados en el Fundo Forestal en Quidico, en contra de funcionarios de Carabineros.

Sin embargo, esta medida no se extendería al homicidio en contra de Segundo Catril, en Lumaco. Esto debido a que “estamos buscando todas las alternativas legales, jurídicas y también investigativas para perseguir con fuerza y claridad a los responsables de estos lamentables hechos”.

Porque a pesar de las advertencias realizadas desde el ministerio del Interior y Seguridad Pública, y del mismo presidente Gabriel Boric, camioneros han mantenido bloqueos parciales en distintos puntos de la Ruta 5, principalmente en las regiones de Antofagasta, O´Higgins y el Maule.

Frente a esto, desde el ministerio del Interior se dio cuenta que hasta las 11 de la mañana, el Gobierno ha presentado siete querellas por Ley de Seguridad del Estado, que se suman a las dos anunciadas durante las últimas horas, sumando un total de 9 acciones.

En detalle, fueron presentadas 2 querellas en la región de Tarapacá, 3 en Antofagasta, 1 querella en la región de Coquimbo, lo mismo en la del Maule, Los Lagos y en Magallanes.

 

Tras la interrupción del tránsito por algunos camioneros y gremios de transportistas en distintas partes del país, el Ministerio del Interior decidió invocar a la Ley de Seguridad del Estado e instruir a Carabineros a dirigirse a los sectores bloqueados para “hacer cumplir la ley”.

El anuncio se da a conocer tras el ultimátum que dio la titular de Interior, Izkia Siches, quien dio un “plazo hasta las 16:00 horas del día de hoy para liberar las carreteras de nuestro país y permitir el libre tránsito, y recuperar la seguridad para las personas”.

En esa línea, la decisión de la ministra fue apoyada por el Presidente Gabriel Boric, quien aseguró que los cortes de ruta por parte de camioneros han puesto “en riesgo, incluso, la integridad de enfermos o dificultando el paso de carros de emergencia, no han querido sumarse a estas conversaciones”.

Además, cabe mencionar que los camioneros que paralizaron el tránsito en la Ruta 5 Sur a la altura de Paine, bajaron la movilización tras reunirse con la Delegación Presidencial del Maipo, quienes demandaban mayor seguridad en las carreteras y mejorar condiciones en estacionamientos, así como también revisar materias del TAG y combustibles.

Una investigación realizada por La Tercera, reveló que la primera medida anunciada por el Gobierno de Gabriel Boric respecto al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, ocurridas durante el desarrollo del denominado Estallido Social, no habría generado mayores cambios en el poder judicial.

¿Las razones? Ninguno de los imputados amnistiados se encontraban en prisión preventiva, incluso, algunas de las causas penales ya estaban finalizadas y en dos de ellas, el Estado no intervino.

Del listado que presenta el medio nacional, se indica que son 753 los casos bajo la Ley de Seguridad del Estado, entre el 19 de octubre del 2019 al 18 de enero del 2020, y en su mayoría las investigaciones se dieron por el delito de robo en lugar no habitado, más conocido como saqueo en farmacias o supermercado y la mayoría de los detenidos, fueron encontrados con alimentos, perfumes o televisores.

En el detalle, se indica que más del 73% de las indagaciones se dieron en la Región Metropolitana, mientras que el resto, fueron entre Valparaíso y Tarapacá.

 

Una de las primeras medidas que implementará el Gobierno de Gabriel Boric, es el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, en el marco del denominado “Estallido Social”. Frente al anuncio, desde el Partido Republicano, confirmaron que iniciarán el proceso de recolección de firmas para interpelar a las ministras del Interior, Izkia Siches y su par de Justicia, Marcela Ríos.

Así lo comentó el diputado republicano, Cristián Araya, quien aseguró que “frente al anuncio del Gobierno, de retirar 139 querellas interpuestas contra los responsables de graves saqueos, desmanes, hechos de violencia, incendio de locales comerciales, etc. El Gobierno ha tomado una decisión y Gabriel Boric, ha elegido su bando, el bando de los delincuentes, de los violentistas”.

En la misma línea, el parlamentario agregó que “frente a esto, los republicanos hemos anunciado que comenzaremos a buscar las firmas para interpelar (…) esta situación resulta impresentable porque va a dejar en impunidad a responsables de graves delitos y deja en total abandono a las víctimas”.

Recordemos que para interpelar a un Ministro en el Congreso, se requieren 52 firmas, que el Partido Republicano no tendría en su totalidad.

En sus últimas horas como Ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a la primera medida adoptada por el Gobierno entrante de Gabriel Boric, retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, en el marco del denominado Estallido Social.

El secretario de estado, señaló que “Se comienza a validar la violencia como un método legítimo de acción política”.

Agregando que "es una muy mala señal hacia las víctimas. Puede ser algo de campaña, pero en el fondo es una mala señal", consignó.

El Presidente Sebastián Piñera rechazó y criticó duramente el proyecto de ley presentado por diputados del Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que busca derogar la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antibarricadas y la Ley de Control Preventivo de Identidad.

El Mandatario reafirmó la intención del Gobierno de otorgar mayor poder a Carabineros y crear un nuevo sistema de inteligencia. Y aseguró que el proyecto de los diputados “de izquierda” representa una “agenda de impunidad e inseguridad”.

El presidente Piñera aseguró que los parlamentarios de oposición, a quienes calificó como “grupos radicales”, intentarán poner en riesgo el proceso constituyente con esta iniciativa

Un proyecto de