El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) desembolsó más de 100 millones de pesos para reparar su sede. Todo esto después de estar tomada durante ocho meses por distintas organizaciones, entre ellas la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios.

Un informe elaborado por la Unidad de Administración y Finanzas del INDH determinó los gastos, documento en el que se mencionó que "las edificaciones en general no presentan daños estructurales mayores, existía una gran acumulación de polvo, basura y rayados de pintura".

Se detalló que algunos bienes "debieron ser necesariamente desechados por estar contaminados por plagas de chinches, pulgas y otros vectores". También hubo "mesas y sillas quebradas y otras con deterioro por mantenerse a la intemperie y rotura de algunos vidrios interiores y puertas".

Dentro de las pérdidas se mencionaron 17 equipos telefónicos, 3 computadores y 5 tablets, además 15 sillas ergonómicas que quedaron inutilizables, debido a los daños que presentan.

En total, se trata de 107.594.000 pesos que se gastaron para las reparaciones, que contemplaron el aseo, retiro de escombros, reemplazo de bienes desaparecidos y desgaste de mobiliario, entre otros.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se anunció durante este miércoles que finalmente no presentarán querellas por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social desencadenada en 2019 durante el denominado Estallido Social.

En el comunicado señalan que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características (…) en efecto, la información con la que se cuenta recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.

Recordemos que el pasado 10 de mayo, la institución anunció que posiblemente se harían denuncias por delitos de lesa humanidad en contra de los altos mandos de Carabineros por la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la revuelta social.

Lee el comunicado del INDH sobre la no presentación de querellas por delitos de lesa humanidad en el contexto del Estallido Social:

Un carabinero será formalizado en La Serena, Región de Coquimbo, acusado de modificar la declaración entregada por un oficial de la institución, en el marco del denominado estallido social de 2019.

De acuerdo a lo consignado por BíoBío, el oficial se encuentra actualmente procesado por apremios ilegítimos, ya que habría disparado municiones antidisturbios en contra de una persona, provocándole la pérdida de la visión en el ojo izquierdo.

El Carabinero acusado en esa época prestaba servicios en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, lugar donde habría modificado la declaración de su superior. La formalización se desarrollará de manera remota.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta marzo de 2020, contabilizó 460 casos de lesiones de tipo ocular, desde el inicio del estallido. En 2021 la cifra se redujo a 173, incluyendo solo a las víctimas que presentaron querellas conjuntas con el organismo.

 

El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella criminal por las supuestas agresiones hacia tres menores por parte de Carabineros, en la Residencia de Villa Adolescente, en Punta Arenas.

Según lo reportado, el 3 de enero los menores habrían realizado disturbios al interior del inmueble y quemado con agua hirviendo a una funcionaria, mientras se encontraban en estado de ebriedad, por lo que pasaron a ser detenidos por funcionarios de Carabineros.

Según el Servicio de Salud de Magallanes, los policías habrían sido recibidos con piedrazos, lo que provocó que dos funcionarios resultaran lesionados.

Desde el INDH, aseguraron que su versión acusa agresiones por parte de Carabineros. El organismo indicó que al momento de entrevistar a una de las menores, presentaba heridas visibles en su cara, cuello y extremidades, a lo que la joven indicó que habría sido arrastrada por el suelo y golpeada.

La misma víctima acusó que dos compañeros fueron golpeados por personal de Carabineros, cuando fueron detenidos.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, emitió un comunicado en el que se refiere a los dichos del jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, Luis Felipe Cuellar, quien desafió a aquellos que han matado civiles durante los últimos días, a enfrentarse con militares.

En el comunicado expresó su preocupación por los dichos de Cuellar, a lo que el director comenta que "Éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno. No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante".

En la declaración, Micco lamentó "la muerte violenta de dos chilenos", refiriéndose a César Millahual y Joel Ovalle, quienes fallecieron en las regiones del Biobío y la Araucanía.

Además informó que el INDH constituirá una oficina en terreno desde la próxima semana en la provincia de Malleco, "para observar si se cumple el derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos".

 

 

En el marco de la presentación del informe anual de derechos humanos, el director de la INDH, Sergio Micco, clasificó de error la presentación de denuncia contra el presidente Sebastián Piñera, en la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, esto frente a los casos de violaciones de derechos humanos acusados durante el estallido social.

“Fue una acción precipitada porque acá lo que los chilenos y chilenas requieren que aquí y ahora, en el Estado democrático de Chile, que se haga verdad y justicia. Y si no ocurre eso hay que recurrir a los tribunales internacionales”, comentó.

Las declaraciones del director, llegaron tras la desestimación de la CPI en realizar el examen preliminar respecto a las acusaciones contra el presidente.

Siguen las declaraciones cruzadas por la crisis migratoria del norte del país, agudizada en los últimos días por la manifestación en contra ocurrida el fin de semana en Iquique y donde además un grupo de descolgados quemó las pertenencias de venezolanos ilegales.
En las últimas horas fue el propio Presidente Sebastián Piñera, quien desde su gira internacional, condenó lo ocurrido:

Pero los buenos deseos no calmaron las críticas al ejecutivo. Desde el Instituto de Derechos Humanos ya calificaron todo lo ocurrido como una “vergüenza nacional “y desde la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, anunció que ejercerán todas las acciones legales necesarias:

Mientras tanto desde el Gobierno no dan pie atrás en su anuncio de retomar las expulsiones de migrantes ilegales. El vicepresidente Rodrigo Delgado, dijo en una entrevista radial que durante el año han ingresado más de 25 mil personas por la frontera y reconoció que aún queda mucho por corregir en la frontera.

La tarde del viernes se vivió un verdadero caos en Iquique, tras el desalojo de cientos de familias de migrantes, que se habían tomado la plaza Brasil de la ciudad; incluso algunas vivieron ahí por más de tres meses, sin ningún tipo de resguardo sanitario.

Previo a esto, la compleja situación fronteriza ya había provocado la reacción del Gobierno, afirmando que retomarían las expulsiones, para controlar de cierta manera, el explosivo ingreso irregular.

Anuncio que fue criticado desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su director, Sergio Micco, llamó a no realizar la expulsión de migrantes sin antes analizar caso a caso:

En ese sentido el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, defendió la medida:

Desde Interior, el  ministro Rodrigo Delgado, golpeó la mesa advirtiendo que no darán pie atrás en este punto:

Recordemos que en el primer semestre del 2021, se puso en marcha el “Plan Colchane” donde se realizó la expulsión de migrantes, pero las distintas cortes paralizaron las medidas luego de que fueran aceptados los recursos de amparo presentados por el INDH.

Un recurso de amparo presentó el INDH por denuncias de irregularidades en la expulsión de migrantes en Colchane, acto que contó con la presencia del ministro del Interior Rodrigo Delgado. De acuerdo a la información, fueron 23 venezolanos que firmaron la orden de expulsión porque les dijeron que "se trataba de un catastro".

El organismo explicó que la PDI se acercó a quienes pernoctaban en el Colegio Centenario de Iquique alrededor de las 02.00 hrs., lugar donde debían permanecer por la cuarentena preventiva, les pidieron formar una fila, se les presentó los papeles y se les pidió que los firmaran aunque "no se les permitió leerlos, encontrándose además en la oscuridad y sin posibilidad de visualizar lo que firmaban".

Los involucrados se dieron cuenta de la real situación cuando recibieron la copia del documento y les advirtieron que tenían 24 hrs. para reclamar en la Corte Suprema. Acto seguido, les retuvieron sus documentos personales y pasaportes. Un par de horas después y por la prensa, los extranjeros se enteraron que serían expulsados en el avión de la Fach que el Gobierno dispuso y los efectivos de Colchane lo denominaron "Operación Deportados".

Por último, el recurso del INDH considera que los hechos “no sólo amenazan, perturban y limitan arbitraria e ilegalmente la libertad personal de las personas amparadas, al derivar de ellas un impedimento de ingreso al territorio nacional en el evento de ejecutarse el acto de expulsión, sino que atentan además en contra del principio de inocencia y del justo y racional proceso, de la reunificación de la familia y otros derechos fundamentales”.

 

Este domingo se cumplirá un año del Estallido Social. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance actualizado. Se presentaron 2.520 querellas por hechos ocurridos entre el 18 de octubre y el 18 de marzo. La mayoría fueron contra Carabineros (2.340), seguido por funcionarios del Ejército (94), Policía de Investigaciones (PDI) (34), entre otros (49).

Son más de 3 mil las personas afectadas: 1.810 hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes, 132 niñas y adolescentes, y 124 calificadas como "otros". De ellos, 110 fueron por lesiones con trauma ocular, 21 por estallidos de globo ocular y 32 por pérdidas de visión por daños irreversibles, entre quienes son consideraron los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai.

El INDH aseguró que en Chile ocurrieron "las más grave violaciones a los DD.HH desde el regreso a la democracia", y que "el INDH, considera fundamental a partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los DDHH, el Estado de Chile tiene que recorrer estos cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

"Ustedes tienen la fuerza y las armas. Hemos llegado, a que nosotros tenemos que defendernos de ustedes" fueron las palabras de la periodista Mónica González al exgeneral de carabineros Daniel Tapia.

Luego de que Tapia pidieron un instituto global para resguardar los derechos humanos no solo de los civiles sino también de los mismos funcionarios de carabineros, la periodista le recordó que el INDH está para velar por los abusos de los agentes estatales y no al contrario.

https://twitter.com/Ro_SaavedraM/status/1298105469828030467

Fue durante un procedimiento policial relacionado con tráfico de drogas que el uniformado de iniciales M.A.A.R disparó a personas que estaban cerca del lugar de allanamiento.

A causa de esto un joven que circulaba en el sector recibió un balín que impactó en su ojo, que a pesar de ser asistido por las personas que estaban cerca, terminó perdiendo la vista por estallido del globo ocular.

Se informó posteriormente que el perjudicado tiene amplio prontuario policial por lesiones, amenazas, porte de arma cortopunzante y robo con violación.

El policía se encuentra en prisión preventiva luego de la querelle realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.