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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del relator Joel Hernández, descartó que los detenidos por el estallido social sean "presos políticos".

En una entrevista concedida al Diario El País de España, el comisionado explicó que: "aquí lo que observamos es que son personas detenidas que siguen procesos en razón de otras causas que se dieron en el marco del estallido".

En ese sentido, Hernández remarcó que: "no hemos detectado que haya personas detenidas por el mero hecho de participar en la protesta. Eso sí sería contrario a todo estándar".

"La CIDH no considera que existan presos políticos del estallido social" agregó el comisionado.

Finalmente, se refirió al proyecto de ley que busca indultar a presos de la revuelta. Ante esto, recomendó: "que sea limitada estrictamente a los umbrales que se justifican".

En conversación con Radios Regionales, el Presidente Gabriel Boric, ahondó en materia de derechos humanos en el denominado estallido social y la persecución de los responsables.

En la instancia se le recordó su mensaje del 2021, cuando en un debate presidencial le dijo a su antecesor, el expresidente Sebastián Piñera “Señor Piñera, está avisado. Se le va a perseguir por las graves violaciones a los DDHH”.

“Nosotros no solamente vamos a poner los antecedentes de quienes sean responsables materialmente, sino que también de las autoridades políticas y ese es nuestro deber como Estado, de que no haya impunidad”, dijo.

“No soy yo el encargado de juzgar. De hecho, hace poco nos llegó una comunicación de Fiscalía para justamente poner todos los antecedentes que tengamos y nosotros eso ya lo estamos haciendo”.

Cárcel y sobrepoblación penal

En materia de seguridad y cárceles, apuntó a trabajar en reinserción, mejoramiento carcelario, sin negarse a la posibilidad de usar Punta peuco o el penal Cordillera para presos comunes.

“Nosotros tenemos que hacer inversión a la infraestructura. Justamente además, para que las cárceles sean espacios de resocialización y no de volver permanentemente a delinquir y que no sea un riesgo para la vida”.

“Incluso la persona que ha delinquido tiene derecho a que se respete su integridad física y eso, desgraciadamente, en muchos lugares no ocurre”.

Al ser consultado por la utilización del Penal Cordillera y Punta Peuco por reos comunes, el mandatario señaló que “es una alternativa, no lo descarto, es algo que tenemos que conversar con quienes lo administran hoy día, pero si hace falta espacio, tenemos que utilizar los espacios que tenemos”.  

A su vez, el mandatario aseguró que, actualmente, existen menos antecedentes de los que él quisiera, sobre los responsables de la quema del metro, durante el denominado Estallido Social. “Inteligencia está muy debilitada”, señaló.

Revisa aquí en extenso la conversación con el Presidente de la República, Gabriel Boric:

El Juzgado de Garantía de La Serena rechazó la petición y mantuvo la prisión preventiva a carabinera imputada por el delito de apremios ilegítimos en el marco del estallido social de 2019.

En la revisión de medidas cautelares, el juez Edgardo Pinto Solís, optó por no acoger la solicitud de la defensa de la funcionaria, ya que no se presentaron nuevos datos ni variaron las circunstancias respecto a la vez que se dictó la prisión preventiva.

"Existen antecedentes suficientes (...) que permiten determinar la existencia de la omisión de la imputada al tenor de los resultados producidos como consecuencia de dicha conducta pasiva u omisiva, en particular las lesiones que refieren haber sufrido las víctimas de los hechos".

Cabe recordar que J.W.N.H está imputada a raíz de hechos ocurridos el 21 y 22 de octubre de 2019. En ambas ocasiones, se detuvo a personas por infringir el toque de queda y, de acuerdo a la Fiscalía, en el interior del vehículo se procedió a golpear a las víctimas y a amenazarlas.

De acuerdo a lo denunciado, hubo golpes de puños, de pie, con bastones, insultos e incluso les hicieron cantar el himno nacional. Todo ocurrió a vista y paciencia de la subteniente de Carabineros, quien no frenó las acciones.

Así entonces, la carabinera se mantendrá en prisión preventiva mientras continúa la investigación por apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social.

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se anunció durante este miércoles que finalmente no presentarán querellas por delitos de lesa humanidad en el contexto de la crisis social desencadenada en 2019 durante el denominado Estallido Social.

En el comunicado señalan que “el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características (…) en efecto, la información con la que se cuenta recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”.

Recordemos que el pasado 10 de mayo, la institución anunció que posiblemente se harían denuncias por delitos de lesa humanidad en contra de los altos mandos de Carabineros por la responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la revuelta social.

Lee el comunicado del INDH sobre la no presentación de querellas por delitos de lesa humanidad en el contexto del Estallido Social:

En libertad y con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, quedó el suboficial de Carabineros, Mario Lincoyán Vera Garrido, tras ser formalizado por el delito de apremios ilegítimos contra una estudiante en el marco del denominado estallido social.

Según la carpeta investigativa del Ministerio Público, todo ocurrió mientras se desarrollaba una manifestación en Avenida Diagonal Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Concepción, región del BioBío. En ese contexto, la joven penquista registraba audiovisualmente lo que estaba ocurriendo frente al "Café Colombia" y también incidentes en el sector.

La fiscalía acusa que el suboficial Vera Garrido disparó en cuatro oportunidades la escopeta antidisturbios que portaba en dirección hacia la estudiante universitaria, impactando un balín de goma en su ojo izquierdo, provocando un trauma ocular con secuelas oftalmológicas de disminución de la agudeza y alteración del campo visual junto a estrés postraumático.

El magistrado Johan León Espinoza acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, con el acuerdo de los querellantes y la defensa, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

 

 

Este sábado, el Primer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, condenó por 12 años de presidio efectivo a Daniel Elías Bustos Trabol, de 24 años, quien ha sido declarado culpable por el delito de incendio perpetrado el 19 de octubre del 2019, en plenas manifestaciones del denominado "estallido social".

Bustos permanecía en prisión preventiva desde enero del 2020 y el pasado marzo fue declarado culpable, el joven fue acusado de haber iniciado el incendio en la estación San Pablo del Metro de Santiago. Según lo declarado en el juicio en marzo, Bustos Trabol lanzó un "objeto portador de fuego, que contenía sustancia inflamable".

El fiscal José Morales explicó que "en este caso, la pena de 12 años de privación de libertad es la que solicitó el Ministerio Público, considerando que se trata de un delito grave, que afectó al transporte público de la Región Metropolitana durante prácticamente ocho meses, en que las más de 100 mil personas que ocupaban el Metro se vieron privados de ese servicio".

El siniestro, ocurrido el 19 de octubre de 2019, provocó perdidas avaluadas en 20.000 millones de pesos, por lo que la estructura quedó "inutilizada para su uso" y la "pérdida total" de un tren que fue consumido por las llamas.

El Panel de Expertos del Transporte Público, sugirió que se aumente el precio de la Red Metropolitana de Movilidad en $30, debido a distintas variables que limitan la autogestión de recursos del sistema, como el precio del petróleo, la inflación y el dólar.

Por ahora, el Gobierno tendrá la última palabra y recordemos que esta misma situación, se vivió en el año 2019, cuando bajo la gestión del expresidente Sebastián Piñera, se gatilló el inicio de la evasión del transporte, desencadenando el denominado “Estallido Social”.

“Es una cifra que no nos trae muy buenos recuerdos: 30 pesos. Esa fue nuestra recomendación. Mirando hacia adelante, nada dice que esto se va a estabilizar y los costos siguen subiendo”, comentó en T13 el presidente del Panel de Expertos, Juan Pablo Montero.

 

La Fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, solicitó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el “resguardo en formato PST de los correos electrónicos” que involucran a los ex ministros del Gobierno de Sebastián Piñera, en supuestos casos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social del 2019.

Los correos solicitados son los emitidos entre el 18 de octubre del 2019 y el 20 de diciembre del 2020, de los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez y Rodrigo Delgado, los ex subsecretarios del Interior, Rodrigo Ubilla, Juan Francisco Galli y el ex asesor en asuntos migratorios, Mijael Bonito.

El pasado 22 de febrero, el fiscal nacional, Jorge Abbott, reasignó la causa que llevaba la fiscal regional Claudia Perivancich, de la Fiscalía Centro Norte a la Fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.

En total, son 263 indagatorias a nivel nacional que presentan causas asociadas a vulneraciones de derechos humanos ocurridos durante el estallido social.

Un carabinero será formalizado en La Serena, Región de Coquimbo, acusado de modificar la declaración entregada por un oficial de la institución, en el marco del denominado estallido social de 2019.

De acuerdo a lo consignado por BíoBío, el oficial se encuentra actualmente procesado por apremios ilegítimos, ya que habría disparado municiones antidisturbios en contra de una persona, provocándole la pérdida de la visión en el ojo izquierdo.

El Carabinero acusado en esa época prestaba servicios en el Hospital San Juan de Dios de La Serena, lugar donde habría modificado la declaración de su superior. La formalización se desarrollará de manera remota.

Cabe recordar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) hasta marzo de 2020, contabilizó 460 casos de lesiones de tipo ocular, desde el inicio del estallido. En 2021 la cifra se redujo a 173, incluyendo solo a las víctimas que presentaron querellas conjuntas con el organismo.

 

Tras ser escogida como la nueva ministra vocera del máximo tribunal del país, Ángela Vivanco se refirió esta jornada sobre la suma urgencia impuesta por el gobierno al proyecto de ley que busca indultar a los denominados presos del estallido social.

En ese sentido, la ministra Vivanco enfatizó que es necesario hacer las respectivas diferencias entre indulto y amnistía. “En el caso del indulto o aplica una reducción, o sencillamente el término de la pena a todas las personas que estén en una situación o el indulto particular que es una a una. Pero esas personas tienen que estar condenadas para ser indultadas, en consecuencia la técnica del proyecto esperamos que cumpla con esas características, porque de otra manera ya es una situación distinta y ya tendría que enfocarse como una amnistía” manifestó.

También agregó que "este proyecto de ley la Corte lo informó hace por lo menos un año atrás, y la Corte nunca se pronuncia sobre el mérito o la oportunidad de decisiones que se puedan tomar por parte de los otros poderes del Estado, sino que informa desde la perspectiva jurídica los proyectos del ley”.

El Gobierno anunció esta jornada que pondrá suma urgencia al proyecto de indulto de los denominados presos del estallido social, respondiendo a una solicitud realizada por la senadora Fabiola Campillay.

El ministro de la SEGPRES, Giorgio Jackson, comentó que “quisiéramos comenzar anunciando la suma urgencia de este proyecto, del proyecto de ley de indulto o amnistía, que para nosotros es importante en materia de derechos humanos y de poder cerrar o de alguna manera revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido social”

Además, reiteró que una de las primeras misiones que ha adoptado la actual administración es conseguir justicia respecto a los casos de violaciones de los derechos humanos y el compromiso del ejecutivo con la reparación y garantías de no repetición.

Una investigación realizada por La Tercera, reveló que la primera medida anunciada por el Gobierno de Gabriel Boric respecto al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado, ocurridas durante el desarrollo del denominado Estallido Social, no habría generado mayores cambios en el poder judicial.

¿Las razones? Ninguno de los imputados amnistiados se encontraban en prisión preventiva, incluso, algunas de las causas penales ya estaban finalizadas y en dos de ellas, el Estado no intervino.

Del listado que presenta el medio nacional, se indica que son 753 los casos bajo la Ley de Seguridad del Estado, entre el 19 de octubre del 2019 al 18 de enero del 2020, y en su mayoría las investigaciones se dieron por el delito de robo en lugar no habitado, más conocido como saqueo en farmacias o supermercado y la mayoría de los detenidos, fueron encontrados con alimentos, perfumes o televisores.

En el detalle, se indica que más del 73% de las indagaciones se dieron en la Región Metropolitana, mientras que el resto, fueron entre Valparaíso y Tarapacá.