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Desde este lunes 26 de septiembre, se darán a conocer los resultados de los test de drogas aplicados al primer grupo de Diputadas y Diputados del Congreso, entre el 22 y el 30 de agosto pasado.

De los 78 parlamentarios convocados, cinco no se lo realizaron y además, presentaron un recurso de amparo por atentar contra la privacidad. ¿Qué pasará con ellos? El reglamento indica que serán denunciados ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Baja.

Los resultados generales, los recibirá el Secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros. Posterior a la recepción, deberá entregar una nómina a cada jefe de bancada, con los detalles correspondientes.

Hay que destacar que en el caso de que se detecte la presencia de estupefacientes en la muestra de los parlamentarios, el test no especifica el tipo de droga presente en la persona.

De igual forma, en el caso de que algún test salga positivo, será enviado a la Comisión de Ética. Así mismo, quedarán inhabilitados para votar proyectos referentes a drogas.

Este test de drogas, que será tomado cada seis meses, analizará la toma de muestra y la pesquisará con cinco sustancias. En el examen será posible detectar la presencia de cocaína, cannabis, benziodiacepinos, opiasos y anfetaminas.

A través de las redes sociales, el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alexis Sepúlveda, aseguró que más de 100 parlamentarios, han recibido amenazas anónimas en sus correos institucionales. Además, confirmó que presentaron una denuncia en la PDI.

“Rechazamos la amenazas que han sufrido los parlamentarios a través del correo institucional con la clara intención de ir a sus domicilios si el proceso constituyente continúa”, señaló.

“Queremos decirles a los que están detrás de esto que no nos van a intimidar. Tomaremos todas las acciones necesarias para descubrir quién está detrás de esto”.

Por su parte, el Presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, asegura que estas amenazas buscan “inhibir el proceso” constituyente.

“Quienes están detrás de amenazas explícitas que diversos parlamentarios sepan que no nos van a amedrentar. No nos van a detener en el necesario camino de diálogo y acuerdos para habilitar un nuevo proceso de cambio constitucional”, puntualizó.

Con 134 votos a favor y solo tres en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a Ley de la República el proyecto que modificaba el Código Penal y el Código Procesal Penal, tipificando el delito del robo de madera.

A su vez, la nueva moción califica la sustracción del bien como un delito y además, permite la habilitación de técnicas para la persecución de quienes cometan el hurto de la madera.

El diputado de Renovación Nacional e impulsor de la moción, Miguel Mellado, comentó sobre el trabajo legislativo de la nueva ley. “Costó muchísimo aprobarlo en la Comisión de Constitución con la oposición tenaz del actual presidente Gabriel Boric y la vocera Camila Vallejo cuando eran parlamentarios”, ingresada en enero del 2021.

Sin embargo, agregó que “estamos muy contentos con la aprobación del proyecto de robo de madera. Durmió un rato en el Senado, cuando el Gobierno anterior colocaba urgencia, no respetaban esa urgencia”.

“El actual gobierno, en conversación con nosotros, le pedimos que se vuelva a colocar urgencia, se hizo y se tuvo que renovar varias veces porque algunos senadores, incluso de La Araucanía, se oponían a este proyecto”.

Reacción del Gobierno a la tipificación del robo de madera

El Presidente Gabriel Boric, será el encargado de promulgar la ley que tipifica el robo de madera y quienes hurten el bien como delito en la justicia chilena.

Desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Izkia Siches, comentó a través de sus redes sociales la noticia y señaló que “con un amplio respaldo del Congreso, el proyecto que tipifica robo de madera será ley”.

“Nuestra institucionalidad contará con más herramientas para perseguir este delito con el cual lucran bandas organizadas”.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó los hechos registrados en el Congreso Nacional durante este martes y la agresión cometida por el diputado Gonzalo de la Carrera a su par, Alexis Sepúlveda.

“En el proceso constituyente en el que estamos embarcados, quiero decirles que necesitamos todos estar más a la altura”, dijo el mandatario.

“Acá los actos de violencia que hemos visto en la Cámara de Diputados, en algunas regiones, en la Alameda o en los últimos días, nos hacen muy mal como país y como sociedad.”, señaló el Presidente Boric.

“Como Presidente de la República, tengo el deber, pero no solo eso, sino que la convicción de seguir siendo el Presidente de todos los chilenos y chilenas, independiente de lo que pase este domingo”.

A su vez, el jefe de Estado, instó a la ciudadanía a participar del Plebiscito Constitucional de este 4 de septiembre.

Hay que “hacerse parte de la construcción de la nueva historia de Chile. Ustedes son los protagonistas y hoy tienen el derecho y el deber de decidir a dónde vamos a ir y juntos y juntas, con sus organizaciones, luchas y convicciones, vamos a sacar adelante a Chile”.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley de la república, el proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de alimentos.

Esto permitirá mejorar el acceso a la información financiera de los deudores y el Estado será el encargado de investigar las cuentas bancarias o instrumentos de inversión o financieros que tenga el alimentante.

Entre los aspectos importantes a considerar, está que el Tribunal deberá declarar inadmisible las demandas de rebajas o cese de pensiones cuando el deudor se encuentre en el Registro Nacional de Pensiones de Alimentos. El que fue aprobado bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, en 2021.

En concreto, el registro crea una nómina con los morosos que tengan deudas de tres meses consecutivos o cinco discontinuos.

Ministra de la Mujer valora proyecto de Deudas de Alimentos

La titular de la cartera, Antonia Orellana, adelantó que la medida se implementará en los próximos 6 meses. “Eso es lo que se van a tardar los tribunales en tener operativos el mecanismo de interconexión con las instituciones financieras”.

“Vamos a poder tener un mecanismo de pago de las pensiones eficientes y estables en el tiempo. Que, sobre todo, va a entregar dignidad, tiempo y valor al trabajo no remunerado que hacen millones de mujeres, completamente en soledad”.

Este sábado, los diputados UDI, Felipe Donoso, Cristhian Moreira y Álvaro Carter, anunciaron que presentarán una reforma para evitar que las personas privadas de libertad, por orden judicial, pierdan el derecho a voto.

El proyecto se anuncia a pocos meses del plebiscito de salida del 4 de septiembre, en el que personas privadas de libertad podrán ejercer su derecho a voto. Esto, en caso de que cumplan ciertos requisitos.

En específico, podrán votar las personas condenadas con una pena menor a los 3 años y 1 día, que no estén acusadas por un delito que merezca la pena aflictiva anterior o por crimen relacionado al terrorismo.

Además, el Servel recordó que deben cambiar su domicilio electoral, inscribiendo la dirección de la cárcel donde habitan actualmente.

Por su parte, Donoso expresó que "esto se hace por primera vez por una orden judicial emanada por la Corte Suprema, pero creemos que esto es poco sano para la democracia".

A su juicio, sostuvo que "instalar una urna al interior de la cárcel implica que tenemos que tener transparencia electoral, ¿Es seguro mantener una urna al interior de la cárcel? Queremos hacer una reforma constitucional que prive del derecho a voto a las personas privadas de libertad, que pierdan el derecho a voto temporalmente”.

El parlamentario Carter expresó que "no podemos permitir que personas que han dañado a otros y que han cometido delitos tengan derecho a votar".

Con 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados acogió la cuestión previa dejando sin efecto la Acusación Constitucional contra la Ministra del Interior, Izkia Siches.

Elisa Walker, abogada de la jefa de gabinete, aseguró que “lo que buscan estos 10 diputados del Partido Republicano es impugnar políticamente a una ministra y, por su intermedio, a su gobierno, lo que claramente es contrario a nuestro ordenamiento jurídico”.

La Cámara Baja acogió la 'cuestión previa' señalaba que la acusación no cumple los requisitos constitucionales y por tanto se desechó el libelo.

“Quiero agradecer a los parlamentarios que han dado cuenta de que esta acusación era infundada y a la vez comprenden que nuestro gobierno tiene que dedicar su tiempo en los problemas que le preocupan a la ciudadanía”, dijo la ministra Siches.

La acusación ingresó con informe negativo luego de ser rechazada en la comisión revisora con un voto a favor, tres en contra y una abstención.

Republicanos contra Chile Vamos

La Acusación Constitucional fue presentada el pasado 15 de junio por la bancada de diputados y diputadas del Partido Republicano.

El texto de 159 páginas, exponía que la ministra del Interior y Seguridad Pública, "infringió la Constitución y las leyes y dejó éstas sin ejecución".

Sin embargo, la 'cuestión previa' decía que los argumentos no eran suficientes, lo que fue aprobado con votos del conglomerado de derecha, Chile Vamos.

Todo esto generó la molestia y repudio de parlamentarios del Partido Republicano, también del ex candidato presidencial del partido, José Antonio Kast.

Durante la tarde de este martes y con 10 votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió fusionar los siete de los nueve proyectos de retiros de ahorros provisionales, iniciativas que buscan obtener fondos desde el 10% al 100%.

De la fusión, quedaron fuera dos proyectos: el autopréstamo, presentado por el Partido de la Gente, y el retiro de un millón de pesos, ingresada por el diputado Jorge Durán. Esta última no fue parte ya que aún no ha sido ingresada a la Comisión de Constitución.

Desde la Comisión también esperan que la sala de la Cámara respalde el acuerdo, para comenzar con la votación de las iniciativas durante la próxima semana.

Se esperaba que la discusión de los proyectos se realizara en la primera mitad de la sesión, pero las polémicas no tardaron en comenzar. Algunos parlamentarios como Pamela Jiles, René Alinco y Jorge Durán, criticaron a la presidenta de la Comisión, Karol Cariola, enfatizando en que la votación del proyecto se ha retrasado y debería realizarse lo antes posible

Con 142 votos a favor, 3 en contra y una abstención, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la petición del Presidente Gabriel Boric, de extender la prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la macrozona norte. 

La medida que finalizaba este miércoles 16 de marzo, podría mantenerse en las provincias fronterizas de Arica y Parinacota, Tamarugal y El Loa por 15 días más. Ahora la iniciativa pasa al Senado.

El diputado del PPD, René Alinco, presentó un proyecto de ley que busca el quinto retiro del 10% desde las AFP. Asegurando que la propuesta solo sería retirada si el Gobierno entrante aumenta el sueldo mínimo a 500 mil pesos y las pensiones a 250 mil.

En conversación con 24 Horas, el parlamentario aseguró que “cuando presentamos el primer, segundo y tercer 10%, lo hicimos una convicción clara y objetiva, de una necesidad clara que vivían los trabajadores y trabajadoras del país (…) Fue una decisión política a un problema social, y eso mismo sucede hoy”.

Desde el Ejecutivo las declaraciones no se hicieron esperar y fue la Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que no se apoyará el proyecto, sino que se enfocarán en la reincorporación de los trabajos.

Este 11 de marzo además de asumir Gabriel Boric, asume el nuevo Congreso y su nueva directiva. La Cámara de Diputadas y Diputados, será presidida por Raúl Soto y en la vicepresidencia estará Alexis Sepúlveda y Claudia Mix.

A lo largo de los próximos 4 años la mesa quedó dividida en 6 periodos de 8 meses cada uno.

En la misma línea, el Senado también ya tiene al sucesor de Ximena Rincón, se trata de Álvaro Elizalde, quien apoyado de forma transversal, presidirá la Cámara Alta en este nuevo periodo legislativo.

Claro que en las labores del 2023, serán dirigidas por la UDI o RN, en 2024 por el PPD y el cuarto sería nuevamente dirigido por la oposición.

119 a favor, 3 en contra y sin abstenciones la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que habilita la renuncia de los constituyentes de la Convención Constitucional. Claro que la moción no permite el reemplazo de los miembros.

Recordemos que el proyecto está inspirado en el convencional Rodrigo Rojas Vade, quien renunció a la Convención mediante sus redes sociales en septiembre del año pasado y pese a que han transcurrido 8 meses desde la instalación del órgano redactor, Rojas Vade no ha formado parte de ninguna comisión ni votación en el pleno.

Sin embargo, la normativa no permitirá el reemplazo del convencional independiente, por lo que la nueva Carta Magna seguirá siendo escrita por los 154 miembros actuales.

Un proyecto de