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Se confirmó el proceso contra el médico Guillermo Araneda, tras una querella presentada en diciembre de 2015 por 16 mujeres presas políticas durante la dictadura militar.

En dicha querella se detalla el “secuestro, sustracción de menores, abusos deshonestos en concurso ideal con el crimen de tortura y otros tratos crueles”.

Además de “privación ilegítima de libertad y asociación ilícita”.

La ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto, indicó que se dictó el auto procesamiento como encubridor de “detención ilegal, secuestro calificado y abusos deshonestos”. Además, también es procesado por cómplice de delito de “aplicación de tormentos”.

Mencionar que la ministra en visita concedió a Araneda la excarcelación con el pago de una fianza de $500.000. Destacar que el médico cardiólogo puede apelar ante la Corte de Punta Arenas.

Este viernes, la Subsecretaría de Derechos Humanos entregó 44 cajas con testimonios de conscriptos durante la dictadura a Guillermo de la Barra, ministro en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Los documentos corresponden a soldados conscriptos entre 1973 y 1990. La subsecretaria Haydee Oberreuter, detalló que apenas se conoció esta información, se puso a disposición inmediatamente a otros poderes del Estado.

“Nos dispusimos a buscar el lugar donde estaban acopiadas y con posterioridad a ello todos los vínculos con los distintos órganos del Estado que han estado involucrados a lo largo del tiempo, incluida la citación de muchas de las personas que participaron durante todos los años en la recepción y solicitud de información”, dijo la subsecretaria.

El ministro en visita expresó que "Esta información va a ser analizada por todos los ministros que llevan causas de derechos humanos en Chile a fin de ver cuáles de esos testimonios son útiles para la indagación de delitos de lesa humanidad".

A 10 años de presidio mayor en su grado medio, fue condenado el exbrigadier del Ejército, Pedro Espinoza, por el delito de secuestro calificado en contra de un dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, ocurrido en 1976. Con esta sentencia el imputado cuenta con más de 200 años de cárcel en su contra.

Pedro Espinoza fue el segundo alto mando de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA y es juzgado por haber cometido graves delitos donde se vulneraron los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

 

 

El Estado deberá indemnizar con $15 millones de pesos al exjuez de Cabrero, Leonel Castro, quien fue torturado cuando era menor de edad durante la dictadura, por ser acusado de pertenecer al Partido Socialista. Los hechos ocurrieron entre el 21 de septiembre de 1973 y el 2 de agosto del mismo año.

Si bien, valoró la decisión del Poder Judicial, al reconocer las torturas sufridas, lamentó la discriminación que hacen los tribunales al determinar los montos de indemnización dependiendo de quiénes son las víctimas, haciendo referencia al fallo en favor de los hijos del asesinado matrimonio Luchsinger Mackay.

 

La Novena Sala del tribunal de alzada consideró que la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva se debió a una complicación médica y no a un asesinato. Por lo tanto, liberó de todos los cargos al fallecido médico Patricio Silva Garín; al exchofer Luis Becerra; al agente civil de la CNI Raúl Lillo, al médico Pedro Valdivia; y a los fallecidos tanatólgos de la UC, Helmar Rosenberg y Sergio González.

Se los había condenado en primera instancia debido a las pruebas que logró acumular el ministro Alejandro Madrid por uso de elementos tóxicos, intervenciones quirúrgicas innecesarias. El ministro de la Corte de Santiago, Jaime Balmaceda, entregó su declaración.

La familia del ex Presidente Frei recurrirá a la Corte Suprema para revertir el fallo emitido hoy por la Corte de Apelaciones de Santiago, y lamentó que el fallo de segunda instancia de la Corte de Apelaciones no le diera importancia a que tres de los seis condenados eran agentes de los servicios de inteligencia de la dictadura militar.

El Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó los documentos que revelan las estrategias de Washington para desestabilizar el Gobierno de Salvador Allende, quien falleció en medio del ataque a La Moneda a manos de los militares, por órdenes del dictador Augusto Pinochet.

Entre los documentos hay conversaciones del entonces Presidente Richard Nixon y de su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, para coordinar con Argentina y Brasil, el bloqueo silencioso de préstamos de bancos multilaterales a Chile, y la cancelación de créditos y préstamos a la exportación de Estados Unidos.

Entre las estrategias se ordena manipular el valor del mercado internacional del cobre para dañar a la economía chilena. Entre los audios se escucha decir a Nixon “Si Allende logra demostrar que sí se puede instaurar una política marxista, otros países intentarán hacer los mismo”. El secretario de Defensa dijo "Tenemos que hacer todo lo que podamos para dañarlo a Allende y derribarlo". “Hazlo”, dijo Nixon.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos para declarar inconstitucional el proyecto que sanciona el negacionismo, y que fue aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre.

¿Qué es el negacionismo? Negar, justificar o minimizar de delitos de lesa humanidad, o bien la aprobación, hacer apología o glorificar estos delitos, especialmente los perpetrados durante la dictadura cívico militar de Chile, entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Octubre de 1990.

¿Quiénes presentaron este requerimiento? Los diputados Camila Flores y Luis Pardo, de RN; Osvaldo Urrutia, de la UDI; y Francisco Undurraga, de Evópoli. Argumentaron que la iniciativa coarta la libertad de expresión y que su aprobación en la Cámara no se apegó a las normas de quórum.

#ChileTeEscucha

Sergio Melnik, ex ministro de Pinochet, a través de su cuenta de twitter manifestó abiertamente que la opción “rechazo” no logrará más de un 25% en este plebiscito.

“Es una paliza de aquellas”, de esta manera, Melnick predice que la opción “apruebo” ganará con un amplio margen.

Otros usuarios de la red social felicitan su capacidad de reconocer dicha “derrota”.

La Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI, está investigando el caso de adopciones irregulares cometidas durante los años 1973 y 1990, en plena dictadura.

Según cifras de la institución, solo este año se han producido 262 denuncias, registrándose la mayor cantidad de casos, en las regiones Metropolitana, BioBio y la Araucanía.

Más de 530 denuncias indaga la corte suprema, en una investigación que lidera el ministro en visita, Jaime Balmaceda, de casos ocurridos tanto en Chile como en el extranjero.

Una gran cantidad de estas denuncias fueron realizadas por adultos que sospechaban de su origen y que en su mayoría fueron adoptados a través de una red que operó en base a engaños a los padres de estas familias.

La PDI ha tenido una laboral investigativa junto al ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y el Registro Civil el que consiste en la recolección de datos y búsqueda de fichas clínicas en libros de instituciones de salud.

Mañana se conmemora un nuevo 11 de septiembre. Día en que las fuerzas armadas de nuestro país liderados por Augusto Pinochet, perpetraron el último golpe en Chile. El anterior y exitoso fue en 1932 cuando el general Bartolomé Blanche fue derrocado.

La dictadura de Pinochet trajo consigo la muerte de más de tres mil personas y 17 años de gobierno autoritario. Como todos los años el gobierno de turno conmemora la fecha en un acto en el palacio de la moneda, sin embargo, para mañana, no hay nada considerado desde el ejecutivo. Así lo señaló la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez.

De todas formas, familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, han organizado diferentes encuentros a lo largo del país, para recordar una de las épocas más crudas de nuestra historia.