Señal en vivo

0:00
/

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas determinó que la Universidad de Magallanes debe permitir a una de sus estudiantes completar el proceso de titulación a pesar de la deuda de arancel.

El fallo estableció que la universidad tuvo un actuar ilegal, esto por imponer las normas administrativas del establecimiento por sobre el derecho fundamental a la educación.

Es por esto que la Universidad de Magallanes deberá permitir “completar su proceso de titulación, siempre que reúna los requisitos correspondientes, no pudiendo condicionar la titulación al pago o garantía de obligación alguna, en particular, por concepto de deuda por arancel”.

La estudiante Laura Villarroel, ex alumna de Derecho, recurrió al recurso de protección por la negativa de la casa de estudios a otorgarle el grado académico de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, por una deuda en mora en el Fondo Solidario de Crédito Universitario.

A 50 millones de pesos asciende la deuda por el no pago de cotizaciones que arrastra la municipalidad de Lanco desde la administración del ex alcalde, Rolando Peña.

Debido a esto, Juan Rocha, actual edil de la comuna ubicada en la región de Los Ríos, arriesga pasar dos meses privado de libertad en la cárcel, por el no pago de la deuda previsional que se tiene desde el año 2013.

Actualmente hay una demanda ingresada por un trabajador, donde se señala que en dicho año el monto a pagar era de 702 mil pesos, pero con el paso de los años, al no ser pagada, aumentó siete mil veces su valor.

Actualmente la deuda es responsabilidad del representante legal del municipio, es decir, el alcalde en ejercicio, quien mencionó que lo resuelto por el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina, no es apelable y que los montos serán pagados con parte del presupuesto municipal de este año.

Además, el alcalde Rocha aseguró que el plazo para saldar la deuda es de 10 días desde la notificación de lo establecido por el tribunal, fecha próxima a cumplirse.

 

El pasado 10 de diciembre se autorizó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para acceder a las cuentas bancarias y fichas médicas de Rodrigo Rojas Jade, convencional constituyente que está siendo investigado por inventar su cáncer.

El Banco Scotiabank informó que Rojas Jade le debe más de 26 millones, y tal como informó a El Mercurio, el convencional se encuentra en estado "castigado - cobranza judicial"

"En respuesta al oficio de la referencia, efectuadas las consultas a las áreas pertinentes del Banco, podemos informar a su señoría que Rodrigo Rojas Vade registra el Préstamo Personal XX, fecha de apertura 17-10-2016 por el monto original de $26.112.943, con una tasa de interés del 13,2% calculado hasta el 22-12-2021, que actualmente se encuentra en estado castigado - cobranza judicial", informó Scotiabank.

El Constituyente de la Lista del Pueblo, Cristóbal Andrade, conversó con Bío Bío y comentó que la situación no debería entorpecer el trabajo de la Convención, además de que "estamos mostrando la realidad de Chile" con respecto a las personas endeudadas en la Convención.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por el no pago de la asignación provisional a 846 docentes que se traspasaron a la educación municipal hace más de 25 años, durante la dictadura militar.

En el documento, la CIDH concluyó que "El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y a la propiedad de las personas docentes, así como del deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores".

Es importante destacar que 20% de los profesores demandantes ya han fallecido, quedan 660 demandantes y 146 tienen más de 80 años.

El fallo de la CIDH consideró que el Estado desconoció su deber reforzado de garantizar la debida diligencia en el acceso a la justicia de las personas mayores, haciendo esperar por más de 25 años a personas mayores de 60 años.

La principal medida de reparación que la Corte ordenó al Estado de Chile, es que se le debe pagar directamente a las víctimas del caso o a sus herederos.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

Un reportaje de Canal 13 dejó en evidencia que Franco Parisi, carta presidencial del Partido de la Gente, tiene una deuda de 207 millones de pesos en pensiones alimenticias para sus dos hijos que viven en Chile.

Según dicta la nota, Parisi había acordado pagar la mantención, el colegio y los gastos médicos de sus hijos, pero en 2016 habría dejado de cumplir con este aporte económico.

El candidato que no está en el país, además tiene una orden de arraigo, entonces de pisar suelo nacional, podría ser detenido hasta que solucione su situación judicial.

En un comunicado publicado en redes sociales, Parisi aseguró que jamás ha sido emplazado legalmente y además fue explicito al decir que no debe una suma “irreal y exorbitante” como la informada. Pese a esto, su abogado confirmó la orden en su contra, calificándola como “ilegal”.

Este lunes, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, acogió la demanda y dictó sentencia civil contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esto, luego de que el Banco de Chile presentara una demanda por una deuda impaga, que asciende los 50 millones de pesos.

Se trata del primer fallo en contra del exmandatario, luego de que a fines de 2019 se conociera que su hermano, Francisco, estando como administrador de los bienes del exjefe de Estado, pidiera créditos a distintas instituciones financieras sin hacerse cargo del pago para la Sociedad de Inversiones Saturno.

“Habiéndose formulado reserva en tiempo y forma, no queda sino dictar sentencia de pago o de remate -en este caso hasta esta fecha no hay ningún bien embargado- y acceder a la reserva de excepciones y caución requerida respecto del cumplimiento de la sentencia, sin que corresponda pronunciarse sobre el fondo de las mencionadas excepciones ni sobre los medios de prueba que se emplearán en el eventual juicio ordinario”, señaló el juez Mena.

Ante esto, también se ordenó el pago de los intereses, puntualizando que la sentencia es “hasta hacer entero pago al acreedor de su crédito, más intereses y costas, previa rendición por parte del Banco de Chile de una caución ascendente a $5.000.000, mediante depósito en la cuenta corriente de esta Corte de dicha suma o a través de la constitución de una fianza”.

Con 82 votos a favor, 2 abstenciones y 47 en contra, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto “Chao Dicom”, que tiene como objetivo prohibir que se informe sobre las deudas contraídas por estudiantes para financiar sus estudios desde preescolar hasta la universidad. De esta manera, la iniciativa queda lista para promulgarse como ley.

Chao Dicom beneficiará, en este aspecto, tanto a futuros morosos como a quienes ya se encuentran endeudados, con el fin de que no se les impida acceder a otros tipos de créditos. Según registros del estudio “Endeudar para Gobernar y Mercantilizar: el caso del CAE”, durante el  2018 se entregaron casi 270 mil créditos entre estudiantes nuevos y renovantes, mientras que hasta diciembre del mismo año existían 191.998 estudiantes morosos.

Cabe señalar que ley entrará en vigencia 180 días después de ser promulgada y desde esa fecha los bancos y responsables de los registros de datos que entregan esta información, deberán eliminar cualquier dato que tenga relación con las deudas, así como se hace con los servicios de agua, luz, gas y electricidad. Sin embargo, esto no significa la extinción de la misma.

Un proyecto de