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La fiscal judicial de la Corte de Apelaciones De Santiago, Macarena Troncoso, presentó una acusación en contra de Raúl Escobar Poblete, exmiembro del FPMR, procesado por el crimen de Jaime Guzmán.

La abogada habría pedido 20 años de presidio para Escobar. Según su abogado, Alberto Espinoza, ha sido tratado como condenado, a pesar de que no ha sido determinada su culpabilidad.

El abogado, comentó a Radio Bío Bío que “él ha sido tratado como condenado, como culpable, desde el principio y hasta el día de hoy. Y se le trata de aplicar la ley antiterrorista, una ley caduca, que no aguanta un control de convencionalidad de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos”, sostuvo.

“El juicio contra Raúl Escobar Poblete es un juicio sucio, irregular, podemos afirmar que se trata de una crónica de una sentencia condenatoria anunciada”, señaló.

La Corte Suprema decidió quitar la libertad condicional establecida por la Corte de Apelaciones de Temuco al activista mapuche argentino, Facundo Jones Huala.

El activista presentó un recurso de amparo el que fue acogido por el tribunal, esto luego de que la Comisión de Libertad Condicional le negó el beneficio. Ahora se rechazó el recurso interpuesto a favor, por lo que finalmente se mantiene la resolución dictada por la comisión en octubre de 2021.

Ante esto el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli comentó que “valoramos el fallo de la Corte Suprema que acogió la apelación presentada por el Ministerio del Interior en el caso de Facundo Jones Huala. Él está condenado en nuestro país por haber sacado a una familia con niños a través de armas de fuego y luego haber quemado una vivienda en nuestro país”  y agregó "sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco le otorgó la libertad condicional, con la oposición del Ministerio del Interior y la oposición de Gendarmería de Chile. Hoy esa resolución es revocada, pero nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde que es privado de libertad, para que cumpla su condena en nuestro país".

Finalmente, el activista deberá volver al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco para cumplir el total de su condena, sin embargo, su paradero es desconocido.

Durante la jornada de este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó prisión preventiva para dos acusados por la muerte de Leslie Vergara, la mujer que falleció por un procedimiento estético en una clínica clandestina de Las Condes.

La medida se establece tras la revocación de la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde se rechazó la aplicación de la cautelar en cuestión en contra de Jorge Flores y Teresa Díaz.

El pasado sábado 5 de febrero se formalizó a tres acusados, quedando solo Díaz con prisión preventiva. Pero desde el Ministerio Público apelaron a la determinación, ya que ambos acusados deben cumplir con la pena decretada.

A los imputados se les formalizó por los delitos de homicidio, ejercicio ilegal de profesión y falsificación y uso malicioso de instrumento público, mientras que a uno de los acusados se le acusó de obstrucción a la investigación.

La Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección interpuesto por una comunidad mapuche, quienes denunciaron a una empresa de extracción de áridos que se encuentra realizando operaciones en el río Toltén, ubicado en la comuna de Pitrufquén.

Los integrantes de la comunidad mapuche Dalpín-Coihueco acudieron a la Justicia en conjunto al Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima).

Desde el movimiento indicaron que la Corte de Apelaciones ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente iniciar un proceso administrativo, por poner en riesgo la salud de la comunidad y por verse afectados con la falta de agua para consumo humano, debido a que los pozos se encuentran secos por la extracción de áridos.

La empresa denunciada es Maquinarias Fonseca S.A., quienes ya habían sido acusados anteriormente, cuando el 2020 otra comunidad mapuche presentó un recurso de protección.

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el sobreseimiento del Carabinero Juan González Iturriaga, quien fue imputado por la muerte del malabarista Francisco Martínez, en Panguipulli, en febrero de 2021. En el fallo se establece que González actuó bajo "legitima defensa".

"Que en el presente caso ha quedado establecido durante la investigación que la víctima se encontraba en la vía pública efectuando actos de malabarismo, para lo cual utilizaba tres cuchillos tipo machete, siendo ese el motivo por el que fue objeto de control de identidad por parte de Carabineros. De esta forma se puede establecer que personal policial actuó dentro del ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento de una obligación legal, no existiendo una provocación, en consecuencia, por parte del funcionario de Carabineros”.

En la resolución también se establece que "frente a la solicitud de identificación al malabarista, éste se habría negado a proporcionarla señalando, además, que no portaba identificación, por lo cual iba a ser trasladado a la unidad policial, negándose éste y utilizando los machetes para impedir su detención, dirigiéndose en todo momento al Carabinero Juan González Iturriaga, quien tuvo que desplazarse caminando hacia atrás cerca de media cuadra mientras apuntaba con un arma de servicio al malabarista Francisco Martínez Romero."

La situación se produjo cuando el malabarista Francisco Martínez se encontraba realizando actos de malabarismo con machetes en el centro de Panguipulli, cuando el sargento González se acercó a detenerlo por el acto y solicitar su identificación, a lo que Martínez reaccionó "atacando" con armas blancas.

El Ministerio de Minería emitió un comunicado en el que informó que analizarán los antecedentes para responder a la suspensión del licitación del litio, luego de que la Corte de Apelaciones de Copiapó acogiera el recurso de protección y dictara la orden de "No Innovar".

“Respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, nos encontramos analizando los antecedentes y responderemos conforme a las herramientas y plazos que nos entrega la ley”, indica el comunicado del Ministerio.

El Ministerio de Minería anunció hace dos días que dos empresas, BYD Chile S.A. y Servicios y Operaciones Mineras del Norte, tendrían dos de las cinco cuotas que el Gobierno entregará en la licitación. Cada empresa se había adjudicado 80.000 toneladas del mineral por 60 y 61 millones de dólares respectivamente, por lo que el Estado recibiría 121 millones de dólares por cada licitación.

La Corte de Apelaciones de Copiapó informó que fue acogido a trámite el recurso de protección contra el proceso de licitación y adjudicación del litio, el que había sido anunciado hace dos días por parte del Gobierno, que establecía que dos empresas se quedarían con dos de las cinco cuotas que estipulan.

Según lo informado por la Corte, el recurso dicta la orden de "no innovar" y solicita la suspensión del "proceso de licitación de contratos de explotación, exploración y beneficio del litio".

Este recurso de protección fue impuesto por el Gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, quien añadió: "lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país".

El diputado Raúl Soto, de la bancada del PPD, comentó sobre esta acción tomada por la Corte de Apelaciones de Copiapó:

Por otra parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN), comentó que mientras más transparencia, más viabilidad tendrá el proceso de licitación:

NOTICIA EN DESARROLLO

$25 millones de pesos deberá pagar el municipio de Máfil a modo de indemnización hacia una persona que habría sido víctima de acoso laboral y hostigamiento, presentando daños físicos y psicológicos graves.

El caso ocurrió en el Cesfam de la comuna, y según informó el Poder Judicial, la situación se habría extendido por seis años. Por su parte, el edil de la comuna, afirmó  que apelará a la Corte Suprema, para revertir la sentencia.

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo de la defensa de Martín Pradenas, por decisión unánime, y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra por casos de abuso sexual y violación reiterada, por lo que seguirá privado de libertad mientras dure la investigación.

El imputado es investigado por siete delitos de connotación sexual, entre ellos el caso de Antonia Barra.

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Martín Pradenas, la que solicitaba "la libertad inmediata... y se le mantenga con arresto domiciliario, total o parcial". La petición presentada por el abogado Gaspar Calderón buscaba revertir la medida cautelar que lo mantiene en la cárcel.

Pradenas enfrenta cargos por siete delitos sexuales, entre los cuales se encuentra la violación contra Antonia Barra, quien se quitó la vida en 2019, luego de que se hicieran públicos los hechos. Por este motivo, el caso fue muy comentado y de interés público.

El imputado está en prisión preventiva desde julio de 2020. Entonces la magistrada a cargo señaló que Pradenas “constituye un peligro para los fines del procedimiento, un peligro para la seguridad de las víctimas, para la sociedad y un peligro de fuga“, revirtiendo así la decisión inicial de dejarlo en libertad mientras se realizaban las investigaciones.

 

 

 

La Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar la sentencia del 30 de enero de 2019 que declaraba culpables a seis personas, por lo que no habría responsables por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, fallecido en 1982.

La razón para el cambio en el fallo es que "la prueba reunida durante la tramitación del proceso... no ha logrado demostrar que el fallecimiento del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva sea imputable a alguna acción dolosa o culposa de uno o más terceros, como tampoco a alguna omisión atribuible a quienes en su condición de médicos se hallaban en posición de garante de su vida atendido su estado de salud".

En este sentido, Patricio Silva Garín, Raúl Diego Lillo Gutiérrez, Luis Alberto Becerra Arancibia, Pedro Samuel Valdivia Soto, Helmar Egon Rosenberg Gómez y Sergio Javier González Bombardiere, anteriormente acusados como autor, coautores, cómplice y encubridores respectivamente, quedan absueltos de los cargos que se les imputaban.

Marcelo Albornoz, el juez de la Corte Suprema de Rancagua, estaba acusado junto a otros dos jueces de corrupción. Esta mañana fue encontrado sin vida en su casa de la región de O’higgins.

Quien está a cargo de investigar a Albornoz y a los otros dos jueces (Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez) determinó que los involucrados participaron en al menos 9 hechos irregulares en los procesos judiciales que lideraron. En el caso de Albornoz, se le acusa de solicitar $1.500.000 a un imputado mientras estaba libre, pese a que debía cumplir prisión preventiva.

La tarde del martes Rosa María Maggi (ministra de la Corte Suprema que investiga la causa) recibió el visto bueno para abrir un cuaderno de remoción, el que podría haber terminado con la expulsión de Albornoz y compañía.

Pese a la muerte del ahora ex Juez de la Corte de Rancagua, la causa continuará su cause normal para determinar las responsabilidades de los otros jueces acusados de corrupción.