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La Contraloría General de la República determinó que en su primera fase de la investigación por “intervencionismo”, el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), no habría presentado irregularidades.

El equipo de Auditorías Especiales del ente fiscalizador, indagó en la contratación, recepción y distribución de la propuesta de Nueva Constitución.

Según indica la Contraloría, la cartera se ajustó a la Ley 19.886, conocida como Ley de Compras Públicas, cuyo propósito regula la contratación de los bienes y servicios.

Otra de las aristas del caso apuntan al proveedor de la realización de los ejemplares entregados, pero a la fecha de entrega del informe (16 de agosto), no se habían concretado aún los pagos de las 310.392 copias de la propuesta de Nueva Constitución.

La ministra Camila Vallejo, a través de su cuenta de Twitter, valoró los resultados preliminares y señaló que se trata de “una buena noticia”.

“Está en línea de lo que siempre hemos dicho. Desde el ministerio trabajamos bajo rigurosos procesos, orientados a los principios de transparencia, probidad y buen uso de los recursos públicos”, señaló.

“En medio de este ambiente en el que ciertos sectores han intentado instalar mentiras, el informe de Contraloría esclarece que estamos cumpliendo nuestro rol de informar bajo la máxima responsabilidad. Insistimos e insistiremos, la información es un derecho”.

Así, de forma preliminar se descarta el "intervencionismo" del Gobierno en la campaña por el Plebiscito de Salida por la Nueva Constitución.

Esta mañana, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, se refirió a la investigación iniciada en La Moneda, tras la denuncia realizada por "intervencionismo electoral" donde se apunta al Gobierno por la campaña del Plebiscito de Nueva Constitución: “Chile Vota Informado”.

“Hemos iniciado ayer una investigación especial en uno de los ministerios que están en La Moneda, que es la Secretaría General de Gobierno. Es una investigación a partir de denuncias de parlamentarios, se inició sobre el uso de recursos en la información que está entregando a propósito del próximo Plebiscito Constitucional”, afirmó.

Continuó señalando que la investigación “la está realizando el Departamento de Auditorías especiales de Contraloría, que esperan avanzar rápido de determinar cómo se han usado los recursos”. El trabajo, además, está cifrado en 600 líneas investigativas.

“Nosotros, como institución, creemos que estamos usando, oportunamente, todos los instrumentos que tenemos a partir de la información que tenemos. Aquí hay otras instituciones que también tienen que ver, hay un periodo de campaña que se está llevando a cabo, hay comandos, hay partidos políticos y recursos públicos que no les corresponden a la Contraloría”.

Inacción y falta rapidez en Contraloría

Algunos parlamentarios han emplazado la labor del órgano fiscalizador. Ante esto, el Contralor dijo que “no nos pueden pedir que hagamos más de lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos”.

“Es tan manía esa crítica y tan injusta, porque si tú revisas los tiempos de la Contraloría, año a año han ido disminuyendo, pero aquí hay una cierta ritualidad y eso significa ciertos plazos que hay que respetar”.

“Cada día que se pide un informe a un servicio público, este tiene 10 días hábiles para responder, si es que no pide prórroga, por tanto, ahí tiene solamente medio mes usado en esperar la respuesta. Esos son los tiempos que aquí existen. Pedir que aquí no haya bilateralidad, que no se escuche al otro y que no se pondere, evidentemente que es no conocer la administración del Estado”.

Al ser consultado por el tiempo del proceso, Bermúdez fue categórico al responder, “¿lentitud respecto de qué?, ¿respecto de cómo funcionan también otras instituciones que también deberían estar funcionando acá? Hay que llamar un poquito a la calma, nosotros somos funcionarios públicos, hacemos lo que podemos con nuestros recursos, por lo tanto, no nos exijan que actuemos interpretativamente, no somos políticos, somos funcionarios públicos, esta es una discusión política”.

Se espera que durante esta mañana fiscalizadores de Contraloría lleguen hasta el Palacio de La Moneda, para llevar diligencias en terreno, luego iniciar una investigación tras las acusaciones de intervencionismo desde el Gobierno, ante el plebiscito del 4 de septiembre.

En su llegada a Palacio, Vallejo, enfatizó en que “ya entregamos la información que se nos requirió, esperamos obviamente la respuesta”.

“Hay críticas infundadas, absolutamente, una cosa es una campaña política y otra cosa es una campaña informativa y lo que nosotros estamos haciendo es una campaña informativa, porque además no hay otra institución pública que esté haciendo esta labor”.

Entre los hechos de atención, está un live del 21 de abril en Instagram, donde la ministra Vocera, Camila Vallejo, y el ministro de la Segegob, Giorgio Jackson, comentaron el texto de la Nueva Constitución.

Además, se suma la polémica por el encuentro entre el Presidente Gabriel Boric y el Partido Socialista, que según publicó en Twitter el diputado Leonardo Soto, sirvió para la coordinación en la campaña del Apruebo.

En concreto, se abrieron sumarios para establecer responsabilidades administrativas, por ejemplo, ante el uso de la cuenta del Ministerio de Obras Públicas para publicitar y viralizar contenido alusivo al Plebiscito.

Además, se mencionó un sumario contra el Hospital Regional de Antofagasta, tras viralizarse en redes sociales, la imagen de un cartel promoviendo el voto por el Apruebo.

Además de la Contraloría, está en curso la investigación en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que llevará a fiscalizadores del órgano directamente a las dependencias de La Moneda.

Continúan los emplazamientos y críticas desde distintos sectores políticos, en torno a la supuesta falta de prescindencia del Ejecutivo en la campaña del Plebiscito de Nueva Constitución. El ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, se refirió nuevamente a estas preocupaciones de la oposición.

En este sentido, el secretario de Estado, manifestó que como Gobierno buscan tanto el respeto, como la promoción de la ley y dictámenes de Contraloría. “Es algo que como Gobierno y, en particular, desde la Segpres, hemos estado instruyendo desde todos los órganos de la administración para que sea total y completo su cumplimiento”.

Ante los oficios presentados desde entidades fiscalizadoras, Jackson aseguró que “toda persona tiene el legítimo derecho de asistir a las distintas instituciones que puedan corroborar el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno, es un derecho que cada persona tiene”.

Aun así, la autoridad reiteró que sobre el Plebiscito, “los esfuerzos que hemos puesto desde la Segpres y desde el Gobierno en la campaña de ‘Chile vota informado’ es que las personas puedan tener acceso al texto, que es por el cual se les va a preguntar el 4 de septiembre”.

La Contraloría General de la República, rechazó la solicitud de 150 municipios para vender gas a precio minorista a los vecinos de las comunas, advirtiendo que las municipalidades no tienen la facultad para la venta del combustible, al ser inconstitucional.

Frente a esto, los parlamentarios del Partido Socialista, presentaron un proyecto de ley para modificar la constitución y atribuir a los municipios la facultad de distribución y comercialización del gas.

El diputado Juan Luis Castro, se refirió al objetivo del documento:

Por su parte, el parlamentario Gastón Saavedra, apeló a la intervención de la Fiscalía Nacional Económica:

Recordemos que la comisión investigadora hace unos días aprobó de forma unánime el informe que indaga en la eventual colusión de parte de las grandes empresas distribuidoras del combustible en el país.

Por una presunta intervención electoral, diputados de la DC, ingresaron un oficio en la Contraloría General de la República en contra del subsecretario del interior, Juan Francisco Galli.

Esto tras la interpelación que realizó el subsecretario en contra de Yasna Provoste y Gabriel Boric, por la conmemoración del estallido social, en su segundo aniversario, donde culpó a los presidenciales por la violencia y los incidentes a lo largo del país.

El diputado Gabriel Silber, comentó la solicitud:

El diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, respaldó al subsecretario de la cartera de interior:

El oficio indica que Galli estaría aprovechando la imagen del Gobierno y su cargo para dar una opinión de carácter político en periodo de campaña, lo que podría favorecer a los candidatos de la coalición, Sebastián Sichel y José Antonio Kast.

Un proyecto de