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La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el veto sustitutivo que presentó el Gobierno al proyecto de infraestructura crítica, con el que pretendían modificar algunos aspectos como la cadena de mando, atribuciones, reglas del uso de la fuerza y explicitar que las prórrogas de los estados de excepción pudieran ser sucesivas.

La ministra del Interior, Izkia Siches, lamentó el resultado: “los votos en contra que hicieron que este proyecto se cayera finalmente son los votos de oposición, quienes en una primera instancia habían apoyado y levantado este proyecto, eso es algo que el ejecutivo hoy día no termina de entender”

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, dijo que “lo que ha hecho hoy día Chile Vamos me parece absolutamente irresponsables y condenable”.

“El Gobierno ahora tendrá que evaluar cuáles son los pasos que van a seguir, pero evidentemente que lo que no puede ocurrir, es que la macrozona sur se quede sin infraestructura crítica y tampoco sin estado de excepción”

El Jefe de Bancada de la UDI, Jorge Alessandri, respondió a la crítica apuntando directamente al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y a la figura de estado de excepción acotado implementado en La Araucanía y el BioBio.

“Como sector somos parte de esta decisión, es mucho más grande que Chile Vamos, son muchos independientes y muchos partidos los que han dicho al ministro Jackson no queremos menos militares sino que queremos más".

"No queremos que ocupes  el proyecto de infraestructura crítica para no usar el de estado de excepción, no queremos que te dediques solo a proteger cosas, cuando hay que también proteger personas”

Ahora, el ejecutivo deberá abordar nuevamente la problemática en la reunión del jueves en La Moneda, donde evalúan la implementación del estado de excepción vigente y donde además se esperan anuncios con relación a la región de los Ríos y Los Lagos.

La sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados para discutir y votar el proyecto de ley de reforma a la carrera policial de Carabineros fue suspendida luego de que solo tres integrantes asistieran a la reunión.

Marisela Santibañez, Maite Orsini y Luis Pardo fue quienes estuvieron presentes de manera presencial o telemática, mientras que hubo pareo por parte de Andrea Parra y Sebastián Torrealba, también de Marcelo Díaz y Osvaldo Urrutia.

El proyecto busca aumentar los salarios a un 7,3% y extender los años de servicios para hacer más llamativa la oferta de Carabineros luego de sufrir una caída en las postulaciones, además de minimizar los riesgos que los uniformados enfrentan en sus labores.

Hoy se votó la idea de legislar el proyecto que permite a los municipios comercializar gas licuado a precio justo, el que obtuvo 70 votos a favor, 21 en contra y 23 abstenciones, pero no logró el quórum en artículos y deberá volver a la Comisión de Gobierno Interior.

Este retorno tendrá como consecuencia dejar pendiente la idea de legislar el proyecto, ya que deberá retomarse en marzo, cuando el próximo Congreso asuma.

El jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, lamentó la situación y recalcó la urgencia del proyecto:

El fin de la iniciativa es permitir a las municipalidades vender gas licuado a precios más baratos que las empresas actuales y hacer frente al alza del combustible.

 

La Cámara de Diputados y el Senado aprobaron el informe de la Comisión Mixta con respecto a la reforma de la Ley de Armas, iniciativa que llevaba más de 14 años en el Congreso y ya fue despachada para ser ley.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, indicó que “para nosotros es tremendamente importante avanzar en una nueva legislación que se haga cargo y administre la realidad actual”.

En el informe se modificaron los requisitos para el uso de armas y cuerpos legales para aumentar las penas, el uso de silenciadores, de dispositivos que convierten armas semiautomáticas en automáticas y la transformación de armas de juguete para utilizar balas.

La reforma también establece mayor exigencia para inscribir armamento, donde será obligatorio realizar un curso sobre mantenimiento y manejo de armas, además de contar con la certificación de un psiquiatra que analice la actitud física y psíquica del solicitante.

Durante la tarde de este miércoles, el Gobierno y el Ministerio de Minería anunciaron la adjudicación del litio por parte de dos empresas, BYD Chile S.A. y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, quienes tendrán 80.000 toneladas cada uno del mineral, lo que representa el 1,8% del mineral en el país.

Sin embargo, las autoridades hicieron este anuncio antes de la Sesión Especial que tendría la Cámara de Diputadas y Diputados a las 3 de la tarde del mismo día, reunión para analizar el proceso de licitación del litio.

Raúl Soto, de la bancada del PPD, lamentó la situación y comentó: "Lo que está haciendo el presidente Piñera en las postrimerías de su gobierno, es ejecutar el robo más grande de su mandato a los chilenos y chilenas respecto de un recurso natural que es fundamental para nuestro país.", aseguró.

También comentó que en esta sesión le pedirán cuentas al Ministro Jobet "que ni siquiera ha tenido la valentía de hacerse presente en la Cámara para que nos explique por qué el apuro de esta adjudicación que tenía plazo hasta el 14 de esta semana."

La Diputada de Comunes, Claudia Mix, comentó en su Twitter sobre la situación:

Por su parte, Raúl Soto comentó que "es necesario que todos los sectores progresistas de nuestro país estemos unidos para oponernos fuertemente a esta licitación, y que el Presidente electo se involucre mucho más, y quizás tenga un rol protagónico".

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a Sala el proyecto de ley que establece derecho a la conectividad y acceso a internet para estudiantes, la iniciativa fue presentada por la diputada del PC, Camila Vallejo.

En la discusión fue destacada una indicación realizada por Vallejo, la cual indica que las prestaciones deberán otorgarse en el plazo de seis meses, contando desde la fecha de la solicitud que el  interesado presente a la empresa. También se solicita que los prestadores de servicios puedan ofrecerlo en el menor plazo posible.

Desde el Gobierno comentaron que este tipo de leyes podría reducir la competitividad.

El Senado aprobó el proyecto que impide arrojar colillas de cigarros al suelo en la vía pública, espacios públicos o privados, además de prohibir el fumar en playas, ríos y lagos.

La iniciativa contempla la prohibición de fumar en playas, ríos y lagos dentro de un rango de 80 metros que serán medidos desde la marea más alta de la costa del litoral y en el caso de ríos se contarán desde donde comienza la ribera.

La diputada del PPD, Carolina Marzán, fue quien presentó el proyecto hace dos años, a lo que comentó: “Estamos muy contentas y contentos por el apoyo unánime a esta iniciativa, que va en la vía de generar conciencia del medioambiente que nosotros habitamos, y de qué manera las personas que vivimos en él lo maltratamos. No va en la vía de prohibir que las personas tengan el hábito de fumar, sino que la idea es generar conciencia de que no se puede estar botando colillas de cigarro al suelo por el tremendo daño medioambiental que se produce”, explicó la diputada Marzán.

El proyecto también contempla la instalación de ceniceros o contenedores en establecimientos de educación superior, aeropuertos y terrapuertos; teatros y cines; centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general, supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público como pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego, independiente de si estos lugares cuentan o no con patios o espacios al aire libre.

En el caso de que alguien sea sorprendido fumando o botando colillas al suelo, la multa será entre una a cuatro UTM y también se establece una pena que consistirá en la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, como la limpieza de playas, lagos o ríos. Si el sancionado no estuviese de acuerdo, se le aplicará el pago de la multa correspondiente.

El Presidente Sebatián Piñera tiene un plazo de 30 días para firmar la iniciativa y promulgar la ley, y una vez que aparezca en el Diario Oficial, comenzará a regir.

La propuesta que busca regularizar los estándares laborales apropiados para quienes trabajan en plataformas digitales de servicios delivery fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados y se despachó al Senado.

La regulación está pensada en quienes se desempeñan en el rubro delivery que al día de hoy no tienen las garantías mínimas de seguridad, ni un contrato de trabajo formal, lo que genera como consecuencia  ingresos irregulares, falta de horarios determinados y carencia de seguros y de protección social.

Y es precisamente este es el punto que proponen. Un contrato de trabajo por escrito y firmas  de ambas partes en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada contratante y, el tercero, deberá ser enviado a la Inspección del Trabajo.

Sin embargo, hay quienes manifestaron que la propuesta no resultaría tan buena, ya que rigidizar el actual sistema, atentando en contra de la libertad contractual y coartando la participación de quienes quieren realizar una labor como independientes.

No solo la ciudadanía y parlamentarios de centro izquierda se mostraron molestos frente a la decisión del gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para detener el tercer retiro de los fondos previsionales. Desde la derecha también criticaron al presidente.

¿Qué sucede ahora?

Si el Tribunal Constitucional declara admisible el requerimiento se discutirá en profundidad el caso con sus respectivas partes defensoras y su fallo será inapelable. Si se declara inconstitucional, el proyecto no podrá convertirse en ley.

Sin embargo, el Senado continuará la tramitación del proyecto este jueves 22 de abril, si se aprueban los cambios, avanza a su tercer trámite en la cámara de Diputadas y Diputados. Por otra parte, como respuesta a la decisión del Gobierno, la oposición evalúa presentar una acusación constitucional contra el Presidente.

¿Qué apellido debe ir primero? ¿El del padre o la madre? Hasta hoy esta pregunta no tiene alternativas, es el paterno, pero pronto, quienes tengan hijos podrán elegir cuál es el primer apellido, esto porque la sala del Senado aprobó en particular, por casi unanimidad el proyecto de ley que permite que el apellido materno anteceda al apellido paterno.

De esto quedan excluidos de forma absoluta quienes estén procesados o formalizados; o que estén condenados por delitos sexuales.  Fuera de esto, todas las personas mayores de edad podrán solicitar por vía administrativa ante el Registro Civil, por una sola vez, invertir su apellido.

Finalmente, con 20 votos a favor y 14 en contra, la normativa que permite a la madre y el padre acordar qué apellido llevará primero su hijo o hija, o a los hijos disponer de esto, el trámite pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas donde debe ser aprobada para convertirse en ley.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, nuevamente entregó su apoyo a Carabineros y aseguró que la institución ha estado "siempre dispuesta" a entregar todos los antecedentes de los casos donde se ha visto involucrado, como el del uniformado imputado en el caso adolescente que habría sido empujado del puente Pío Nono al río Mapocho.

El carabinero imputado, Sebastián Zamora, llevaba una cámara privada, no autorizada por la institución, por lo que será desvinculado. Pérez explicó que la institución no prohíbe que un carabinero tenga una cámara privada, pero debe declararla.

En cuanto a la Acusación Constitucional contra Víctor Pérez, ésta incluirá tanto el caso del joven que cayó al Río Mapocho, como un capítulo respecto a la violencia ejercida en La Araucanía.