El 80 por ciento de las personas que ocupan de manera irregular los espacios públicos en Arica son venezolanas. Así lo informó la Oficina de Gestión Migratoria dependiente de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (DIPRESEH), durante la cuenta pública del segundo año de gestión.
Las cifras reflejan, a juicio del alcalde Gerardo Espíndola, que la situación migratoria sigue más vigente que nunca, golpeando con mayor fuerza una ciudad como Arica que sirve como zona de paso de migrantes que ingresan de manera ilegal o que buscan retornar a su país cruzando el paso Chacalluta.
“Si bien no estamos en los momentos más altos, esta crisis sigue y es importante visibilizarlos con números, sobre todo si queremos mantener la atención del nivel central y que se sigan destinando recursos, especialmente para enfrentar la crisis migratoria, recursos para mantener el ejército en las fronteras, ya que no podemos descuidar las acciones que estamos haciendo a través de Seguridad Humana, de medir y recuperar los espacios públicos y de informar a nivel central que esta crisis no ha terminado”, expresó Gerardo Espíndola Rojas, alcalde de Arica.
Este año, han sido 1.500 personas las catastradas por el equipo de Gestión Migratoria, en las que se destaca: 439 venezolanos, 64 colombianos, 9 ecuatorianos, un brasileño, 14 peruanos y tres bolivianos.
El jefe comunal añadió que, vamos a requerir permanentemente apoyo en el resguardo de la frontera, apoyo en materia de seguridad y en carácter comunitario para dar atención a estas personas que se encuentran en estos espacios, un mal uso debido a que las plazas y parques tienen una vocación de encuentro público y no de habitabilidad.
Gestión Migratoria
La oficina de Gestión Migratoria busca la mantención de las condiciones de seguridad pública, el libre tránsito, uso y disfrute de los espacios públicos por parte de toda la comunidad. A ello se suma establecer los procedimientos para la recuperación de espacios públicos, utilizados indebidamente para la pernoctación u otros fines distintos al uso que están destinados, por parte de personas en situación de calle por causa de crisis migratoria.
El organismo además desarrolla un nuevo protocolo, el que faculta el resguardo del espacio público, con etapas y acciones a fin de disminuir la pernoctación indebida.