En medio del debate sobre la aplicación de test de drogas a autoridades públicas, la diputada Priscilla Castillo manifestó una postura clara respecto a cómo deberían implementarse estas medidas, apuntando a estándares más exigentes y efectivos.
La parlamentaria enfatizó que quienes ejercen cargos públicos deben dar una señal concreta a la ciudadanía. En ese sentido, sostuvo que existe una expectativa legítima de mayor transparencia en el actuar de las autoridades, lo que obliga a adoptar mecanismos que realmente permitan fiscalizar conductas.
En esa línea, expresó su disposición —junto a su bancada— a someterse a controles de drogas, aunque marcando una diferencia importante en el tipo de examen a utilizar. Según explicó, el test de orina presenta limitaciones, ya que solo permite detectar consumo reciente, acotado a unos pocos días.
Por ello, planteó que el examen de pelo representa una alternativa más adecuada, al permitir una evaluación más amplia en el tiempo y entregar un reflejo más fiel de los hábitos de consumo. A su juicio, este tipo de herramienta se ajusta mejor al objetivo de garantizar probidad en la función pública.
Desde la bancada de la Democracia Cristiana respaldaron esta postura, señalando que lo fundamental es avanzar hacia controles que no sean meramente simbólicos, sino que realmente contribuyan a fortalecer la confianza ciudadana.
La diputada subrayó que el foco debe estar en asegurar que quienes ejercen cargos públicos mantengan conductas acordes a la responsabilidad que implica su rol. En ese contexto, advirtió que el consumo de drogas puede afectar tanto la calidad de vida como la capacidad de tomar decisiones.
Finalmente, hizo un llamado a que la discusión avance con seriedad y coherencia, reiterando la disposición de su sector a someterse a exámenes más rigurosos que permitan establecer estándares claros y sostenibles en el tiempo.