Un condenado por violaciones a los Derechos Humanos en dictadura es profesor en una escuela rural de la comuna de Curacautín, en la región de La Araucanía.
Se trata de Juan Carlos Burgos Belauzarán, quien recibió una condena por su participación en la desaparición de 28 campesinos en Santa Bárbara y Quilaco, en la región del Biobío, entre septiembre y noviembre de 1973.
La Corte Suprema confirmó la sentencia durante 2022 en contra de Burgos, cuatro carabineros y ocho civiles. A los individuos se les condenó como autores por el delito de secuestro calificado.
Tres de los sujetos, incluido Burgos, recibieron la condena de cuatro años de presidio y se les otorgó el beneficio de libertad vigilada por dicho periodo.
El individuo también recibió las accesorias de inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, sus derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Sin embargo, el sujeto se encarga de la escuela rural Collico y recibe un sueldo de más de 2 millones de pesos.
El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, señaló que la situación "es gravísima porque implica el incumplimiento directo de una condena judicial, que estableció la inhabilitación absoluta, perpetua, para cargos u oficios públicos".
Desde el Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) de la comuna de Curacautín, indicaron que Burgos tiene licencia médica y su sueldo es pagado por la Isapre.
En tanto, indicaron que realizaron el envío de antecedentes a los asesores jurídicos tras recibir el certificado de inhabilitación.