En una jornada de relevancia jurídica, la Corte de Apelaciones de Arica emitió un fallo que ha marcado un hito significativo en el ámbito legal. Este fallo, que ratifica lo dictaminado por el Tribunal de Garantía de Arica, refiere al sobreseimiento definitivo de los defensores penales públicos implicados en el caso denominado “Los Gallegos”, una situación que ha captado la atención de la opinión pública y jurídica.
En el contexto del caso “Los Gallegos”, un asunto de gran complejidad y relevancia, ha estado en el centro de la discusión legal durante algún tiempo. La Fiscalía local había imputado a los defensores penales públicos, generando un debate sobre el ejercicio de su labor y las implicaciones éticas y legales del mismo.
Lo dictaminado por la Corte de Apelaciones, respaldando el sobreseimiento definitivo dictaminado por el Tribunal de Garantía de Arica, se convierte en un punto de inflexión en este proceso judicial. Este pronunciamiento no solo valida el proceder de los defensores penales públicos involucrados, sino que también subraya la importancia de su labor y la integridad con la que llevan a cabo su función en la defensa legal de aquellos que requieren asistencia.
Ante la resolución de la Corte de Apelaciones, el Defensor Regional de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno Alfaro expresó que “uno de los fundamentos abordados por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica refiere a que los Defensores Penales Públicos cumplieron una función pública en su actuar. Estos fueron nuestros argumentos desde el primer día”.
“Nos parece que la resolución de la Ilustrísima Corte es relevante, porque con esto se resguarda el estado de derecho; se reguarda el sistema adversarial de justicia, donde todos los intervinientes pueden ejercer sus derechos sin ningún tipo de presiones e injerencias”, concluyó el defensor regional.
Por último, el Defensor Regional también destacó que este fallo, más allá de ser un veredicto judicial, resalta la relevancia de la labor de los defensores penales públicos y su papel fundamental en la garantía de un sistema legal justo y equitativo para todos. Asimismo, enfatiza la necesidad de asegurar que el ejercicio de su labor se realice en un entorno donde prevalezcan la integridad y el respeto a los derechos fundamentales.
El pronunciamiento de la Corte de Apelaciones, al ratificar el sobreseimiento definitivo de los defensores penales públicos, no solo cierra un capítulo en este caso, sino que reafirma la confianza en la labor de estos profesionales del derecho y su compromiso con la defensa efectiva, la ética y la justicia.