David Cademartori, abogado de Cooke Aquaculture Chile, expuso este jueves ante el Tercer Tribunal Ambiental en calidad de reclamante, acusando a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de paralizar ilegalmente las operaciones de la compañía.
“El Estado de Derecho le ha fallado a la empresa, a un inversionista extranjero —canadiense— que confió en las reglas del país”, afirmó el jurista, en una intervención que buscó llamar la atención del tribunal sobre lo que calificó como una actuación arbitraria del organismo fiscalizador.
Según Cademartori, la SMA acusó a Cooke de operar fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al sostener que la compañía habría modificado su actividad económica. “Eso es falso. La empresa lleva desarrollando el mismo proyecto técnico desde 1997”, recalcó.
El abogado argumentó que las operaciones iniciadas antes de la entrada en vigencia del SEIA no configuran elusión, y que Cooke ha respetado su proyecto técnico original, el cual solo establecía un mínimo de producción, no un máximo.
“Hicieron como que Cooke tenía una RCA y ahora nos imponen un tope de 125 toneladas. Eso es un cambio de criterio arbitrario”, denunció. Esta interpretación, de acuerdo a lo consignado por Salmonexpert, fue refutada por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) en una resolución del 5 de marzo, donde se reafirmó que las concesiones sin RCA deben regirse por mínimos de producción, posición que también fue recordada a la SMA por el Ministerio de Economía en octubre de 2021.
Además, la empresa cuestiona que la medida se fundamente en una presunción de daño ambiental sin pruebas, a pesar de informes técnicos —entre ellos, uno elaborado por la Universidad Austral— que descartan la existencia de condiciones anaeróbicas en el sitio.
“Esto se inició con fiscalizaciones de Sernapesca y SMA, cuyas propias actas constataron que las condiciones del centro eran aeróbicas, no anaeróbicas”, puntualizó el abogado.
Como consecuencia de esta situación, el centro Huillines 3 permanece paralizado, una acción que Cooke califica de desproporcionada. Ante este escenario, Cademartori advirtió que existe un riesgo real de que la empresa canadiense se retire del país si no se revierte la medida.
El caso está a la espera de un fallo del Tercer Tribunal Ambiental y cuenta con la intervención de dos terceros coadyuvantes: SalmonChile y Greenpeace.