El Presidente de la República, José Antonio Kast, se trasladó hasta la Región de Atacama para dar a conocer la promulgación de la nueva Ley de Desalinización, con la que se establece por primera vez en Chile un marco integral para la desalinización de agua de mar con prioridad en el consumo humano.
Junto al ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, la delegada de Atacama, Sofía Cid, representantes de la industria y especialistas, el Mandatario dio a conocer la nueva ley, que permitirá avanzar en seguridad hídrica, crecimiento económico y desarrollo regional, señalando que el agua es un recurso esencial para el funcionamiento de sectores estratégicos como la minería, la agricultura, el desarrollo inmobiliario y el turismo.
“Este es el primer paso; costó darlo, esperamos que los próximos sean mucho más rápidos. Nuestra ministra del medioambiente está ocupada en dar mayor certeza y celeridad al tratamiento del tema ambiental”, señaló el jefe de Estado, quien también indicó que el país debe acelerar los trámites de los distintos permisos para dar paso a mayor inversión.
“Si aceleramos los trámites, en vez de siete o diez años, se puede producir en tres o cuatro, y eso compensa en parte el riesgo que podría considerar la inversión. Si damos certeza en la ejecución de las obras, se puede complementar lo que está haciéndose. Que sea una planta multipropósito es muy relevante, porque también le da a conocer a las personas que puede cambiar su condición de vida”, señaló el Mandatario, luego de recorrer la Planta Desaladora Aguas CAP en la comuna de Caldera.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, destacó que: “Esta ley le da un marco normativo a una industria que ya tiene más de 20 años operando en el país. Esta regulación y los reglamentos que tenemos que dictar en los próximos 18 meses, junto con la nueva estrategia de desalación, le van a dar un nuevo impulso y estabilidad a la industria de las desaladoras”.
“Nosotros creemos que la próxima década será la década de la desalación en Chile, hay muchos proyectos de crecimiento minero, de agua potable y para agricultura, que van a demandar más recursos hídricos en la zona centro norte. Esto va a ir creciendo en el país y posibilitando cada vez más desalación”, enfatizó la autoridad del MOP.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso de Aguas ACADES, Alberto Kresse, explicó que: “Esta ley es el resultado de más de ocho años de trabajo conjunto entre gobiernos, parlamentarios, academia e industria. Como representantes de esta última, valoramos profundamente que Chile cuente hoy con un marco normativo que regule la desalación de agua de mar, posicionándose como una solución estructural para alcanzar la seguridad hídrica”.
“Con 24 plantas que producen más de 11.000 litros por segundo, y con proyectos que entrarán en operación en 2026, aumentando un 30% este valor, nuestro país pasa a liderar la región, no sólo en capacidad instalada, sino que en políticas públicas para el desarrollo de esta industria. Por supuesto, aún hay desafíos. Las leyes por sí solas no bastan y debemos avanzar en reglamentos, coordinación y planificación. Pero hemos dado un paso importante al reafirmar el agua de mar como una fuente confiable y disponible en todo el territorio, que permitirá que las personas y actividades productivas tengan acceso al agua para todas sus necesidades.”, agregó el presidente de ACADES.
La nueva ley N° 21.813 regulará, entre otros aspectos, el procedimiento para la entrega de concesiones o destinaciones marítimas especiales de desalinización. Y con ello, su ejercicio, su fiscalización, eventuales sanciones, la renovación, caducidad y término.
La Dirección General de Aguas creará una Unidad de Desalación, que actuará como punto de entrada institucional para inversionistas, servicios públicos y usuarios, concentrando las capacidades técnicas hoy dispersas en la administración.
Desde esa Unidad, la DGA liderará técnicamente la elaboración de los reglamentos basales que operativizarán la ley y conducirá la formulación de la primera Estrategia Nacional de Desalación, instrumento que definirá la localización prioritaria de plantas, los estándares técnicos y ambientales aplicables, los modelos de financiamiento y su articulación con la planificación hídrica de cuencas.
La ley, publicada este martes en el Diario Oficial, entrará en vigor en un plazo de 18 meses.