A más de un mes de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ya se han realizado más de dos millones de consultas en la plataforma.
El pasado 19 de noviembre, el Ministerio de la Mujer junto al Registro Civil, anunciaron el lanzamiento de la herramienta, que establece una serie de retenciones a quienes deban pensiones.
De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a la fecha la plataforma ya cuenta con 2.131.237 consultas y certificados emitidos. Mientras que 1.789 instituciones han sido enroladas. En cuanto a la inscripción de deudores solicitados por tribunales, la cifra asciende a 4.101.
Inscripción de deudores
Los deudores de pensiones de alimentos inscritos en el registro son aquellos que tienen una causa por pensión judicial y que tengan una deuda de tres meses consecutivos o cinco meses discontinuos.
En el sistema, manejado por el Registro Civil, se puede encontrar todos los antecedentes respecto al caso, como el nombre completo de la persona deudora, número de cédula de identidad, número de afectados, monto actualizado de la deuda, entre otros.
Debido a que debe existir una correcta sincronización con el sistema judicial y el Registro Civil, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló que se “ha agilizado la derivación de mujeres a quienes se les debe las pensiones, para que luego soliciten su inscripción en el registro”.
El acceso al registro es gratuito, remoto y electrónico, y puede ser consultado por cualquier persona, institución bancaria, gubernamental, etc.
Consecuencia para deudores
Existe una serie consecuencias para las personas presentes en el Registro Nacional de Deudores, como la retención de las devoluciones de impuestos, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o pasaporte. Así como también la retención de los fondos de un crédito bancario de 50 UF o más.
En cuanto a la última medida, será la Comisión para el Mercado Financiero quien esté a cargo de fiscalizar el cumplimiento de esta.
“Tras una indicación trabajada en conjunto con el sector financiero en la ley de reajuste del sector público, se incluyó una norma que fijó a la CMF como la entidad encargada de fiscalizar el apremio que deben hacer los bancos y otras instituciones”, indicó la ministra.
Además, desde mayo de 2023, entrará en vigor la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, la que contempla el pago efectivo para las pensiones de alimentos.
Y es que con ella, se podrá solicitar al tribunal el pago automático desde los saldos de la cuenta corriente, instrumentos de inversión y financieros, y las cuentas de ahorro previsional voluntario del deudor.